El Senado demandó al Ejecutivo que por conducto de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen) presente un informe detallado sobre la existencia en el país de grupos armados de los denominados escuadrones de la muerte.

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores del Partido del Trabajo, destacó que ante la incapacidad del gobierno, la espiral de violencia irrefrenable, el avance de la ocupación territorial por bandas del crimen organizado, el secuestro, la extorsión, las amenazas cumplidas y la trata de personas, han surgido en el país grupos armados al margen de la ley, muchos de ellos auspiciados por las autoridades.

Insistió: ¿Qué es lo que está pasando frente a la desesperación de la población, sobre todo en aquellos sectores que tienen recursos económicos? Están contratando prácticamente grupos de exterminio al margen de la ley. Están operando en el territorio nacional, en distintos estados donde la delincuencia organizada ha generado un problema de ingobernabilidad.

Semejanza con Colombia

Aseveró que “en nuestro país los escuadrones tienen características similares a aquéllos que operaron en Colombia; se rigen con estructuras y disciplinas castrenses. El grupo más notorio son precisamente ex militares que se han retirado de las filas del Ejército o simplemente son desertores”.

Durante la sesión se aprobaron sin discusión 12 dictámenes relacionados con la inseguridad, entre ellos uno por el cual el Senado exhortó a los consejos estatales de Seguridad Pública a que, junto con las autoridades federales, proporcionen protección a los alcaldes que han recibido amenazas del crimen organizado.

En ese mismo dictamen se solicitó que el secretario de Gobernación, Francisco Blake, disponga lo necesario para que los municipios con población menor a 50 mil habitantes y altos índices de criminalidad reciban recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

El Senado expresó su repudio al clima de inseguridad en territorio nacional y exhortó a las autoridades federales a fortalecer y agilizar los programas de modernización de los centros de reclusión, la profesionalización de los custodios, así como la dotación de infraestructura y tecnología de punta para un mayor control de los presos.

Ese dictamen se aprobó teniendo como referencias la fuga de 41 internos del Centro de Ejecuciones y Sanciones del municipio de Matamoros, Tamaulipas, ocurrido el 24 de marzo de este año, y la fuga de otros 13 presos del Centro de Ejecución y Sanciones de Reynosa, en el mismo estado, el 2 de abril pasado.