La coordinadora general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Laura Gurza Jadar, pidió que se castigue penalmente a quienes autoricen, toleren o promuevan asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Mientras los permisos irregulares continúen como botín político y espacio de corrupción, persistirán las afectaciones a miles de personas ante los estragos de los fenómenos naturales, advirtió.

Respecto de las emergencias actuales, precisó que no existe un cálculo de cuánto costará la reconstrucción en Veracruz y en otras entidades afectadas por el paso de las más recientes lluvias severas y huracanes. Lo anterior, dijo, porque no sólo se trata de contabilizar cuánto cuesta levantar una y otra vez un puente, sino construir con perspectiva de prevención.

A escala nacional, hasta el momento han sido autorizados para la atención de contingencias y desastres ocurridos este año cerca de 12 mil 800 millones de pesos (cuando el promedio en ejercicios presupuestales anteriores fue de 6 mil 800 millones) y faltan por contabilizar las recientes contingencias y las que surjan en el cierre del año. Ante una catástrofe, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda tiene la obligación de buscar la forma de dar recursos incluso en un monto superior a 4 por ciento del gasto programable.

La funcionaria compareció ayer ante la Comisión de Protección Civil del Senado, con motivo de la glosa del cuarto Informe de gobierno del presidente Felipe Calderón.

Legisladores de oposición advirtieron acerca de la falta de una política integral de protección civil, no sólo para atender los desastres, sino en materia de prevención.

Criticaron también los resultados, porque, como expresó el senador Eugenio Govea, de Convergencia, han fallado los mecanismos del gobierno federal y los de prevención están sólo en el discurso.

Los senadores lamentaron que una vez más se hayan dispuesto, como en el caso reciente de Veracruz, millones de pesos para atender la emergencia y la reconstrucción, pero los daños son recurrentes.

El senador Govea preguntó qué se hace para fiscalizar el destino de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), porque, dijo, a Veracruz se le han dado miles de millones de pesos para reforzar la infraestructura y aplicar otras medidas preventivas; sin embargo, las afectaciones a la población continúan.

En su respuesta a las dudas y críticas de los senadores, Gurza Jadar expuso que en el caso particular de Veracruz, esta entidad ha recibido cerca de 50 por ciento de los recursos del Fonden, programados para este año.

No obstante, dijo, es muy complicado reubicar a la población asentada en zonas de riesgo porque los terrenos seguros son muy caros.

Señaló que en Veracruz se creó la sensación de retraso en la entrega de apoyos; lo que ocurrió, agregó, es que hubo complejidades para distribuir los apoyos a la población de comunidades sumamente dispersas.

En otra parte de su exposición, la funcionaria reconoció que no se ha logrado el objetivo de evitar muertes tras la ocurrencia de lluvias severas o el paso de huracanes, por lo que se requiere un proceso de coparticipación de las entidades.

Apostamos por detener la construcción de nuevos riesgos porque de lo contrario (la atención de emergencias y desastres) en el futuro será insostenible y tendremos que aceptar (los daños) con resignación y fatalidad, concluyó.