Atizapán de Zaragoza, Méx., 25 de septiembre.

Un mes después de ocurrido el secuestro y homicidio del niño Giuseppe Ludwing Marín Rocha, al menos 400 vecinos y familiares de ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), donde trabajaba el padre del menor de 10 años, marcharon rumbo al palacio municipal para exigir que se legisle en favor de la cadena perpetua contra los secuestradores, y que la alcaldía brinde seguridad a la población.

Alrededor de las nueve de la mañana, vestidos de blanco y con globos del mismo color, los vecinos y familias de ex electricistas residentes de Las Alamedas, Lomas de Atizapán y México Nuevo, entre otras comunidades, recorrieron más de cuatro kilómetros hacia la alcaldía.

En la explanada municipal los marchistas pugnaron porque la legislatura local apruebe penas más severas para secuestradores y exigieron que éstos sean castigados con sentencias de cadena perpetua.

Ésta es una manifestación para que (los legisladores locales) puedan aprobar la ley antisecuestro y dar protección a niños, dijo José Luis Marín Aceves, padre de Giuseppe, quien fue secuestrado el 24 de agosto, cuando jugaba en el fraccionamiento Las Alamedas. Su cuerpo fue encontrado días después en un paraje de Cahuacán, en el municipio vecino de Nicolás Romero.

Ya no vives igual, un secuestro te cambia la vida, no duermes. Suena el teléfono, brincas pensando que vaya a ser alguno de los secuestradores. No sé cómo reharé mi vida, comentó Marín Aceves, quien junto con su esposa y un hijo reciben atención sicológica.

Omar Alin Rayas Becerra, uno de los secustradores, de 20 años de edad, era amigo de la familia Giuseppe y fue detenido cuando iba a cobrar el rescate. Está preso en el penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla. Aún son buscados uno o dos de sus cómplices.

Según la Procuraduría General de Justicia mexiquense los raptores sabían que el padre de Giuseppe había cobrado su liquidación como ex trabajador de LFC y pretendían obtener ese dinero con el rapto del menor.

Los manifestantes pidieron mayor protección debido a que otras familias de ex trabajadores de LFC que han cobrado sus liquidaciones son víctimas de extorsiones y amenazas.

Dijeron que la presidencia municipal elevó los operativos en sus comunidades pero temen que sólo sea una reacción por la muerte del menor y sus medidas no respondan a una estrategia real de seguridad.