or segundo año consecutivo las estimaciones sobre el volumen total de indocumentados en Estados Unidos señalan una clara tendencia a la baja. El tope máximo se alcanzó en 2007 con 11.8 millones, al año siguiente se contabilizaron 11.6 y en 2009 se llegó a la cifra de 10.8. Es decir, un millón menos, una disminución de 8 por ciento. La relevancia del dato es mayor cuando se toma en cuenta que todavía siguen ingresando unos 300 mil indocumentados por año. Cifra también menor con respecto al periodo 2000-2005, en que ingresaban un promedio de 850 mil migrantes irregulares anuales.

Se supondría que esta es una buena noticia para Estados Unidos. Pero los datos oficiales que ofrece el Departamento de Home Land Security contrastan con la permanente campaña antinmigrante, que no va a la baja, sino todo lo contrario. Una de las lecturas que se hacen de estas cifras es precisamente que la campaña de endurecimiento, persecución, hostigamiento y militarización de la frontera está dando resultados.

Hay un retorno voluntario de migrantes indocumentados, en su mayoría centro y sudamericanos. Según el informe del Pew Hispanic Center, los mexicanos son los que tienden menos al retorno y están decididos a aguantar la temporada de vacas flacas. No en vano, son el colectivo migrante mejor estructurado y con mayor madurez en sus redes sociales e institucionales.

Pero más allá de las campañas mediáticas y electoreras en contra de la migración irregular, la pregunta que flota en el ambiente académico es otra. Se especula si se trata de una clara tendencia a la baja o si simplemente es un efecto coyuntural debido a la crisis económica y el desempleo que afecta en mayor medida a los latinos.

Diferentes estudios migratorios señalan que la migración toma la forma de una joroba. Es decir, de una curva que tiende a subir, luego se estabiliza y finalmente baja de manera definitiva. Para que esto suceda se requiere, no sólo de tiempo, sino de cambios estructurales en el país de origen, cambios demográficos, económicos y políticos.

En primer lugar se necesita controlar la presión demográfica, disminuir el ritmo de crecimiento de la población, lo que técnicamente se conoce como concluir el proceso de transición demográfica. En 1970 México crecía a un ritmo desorbitado de seis hijos por mujer y todavía se está pagando el costo de esta altísima tasa de natalidad. En términos positivos se ha calificado a este impacto diferido como un bono demográfico. Es decir, todavía tenemos un excedente de población joven, pero pronto se va a acabar.

En segundo lugar se requiere de un crecimiento económico sostenido, de varias décadas, que no sólo proporcione empleo a la población, sino que reduzca significativamente la brecha salarial entre México y Estados Unidos, que es uno de los motores fundamentales de la emigración. No es el caso. El ritmo de crecimiento económico de México en las dos últimas décadas ha sido de 2 por ciento y se requeriría de un promedio de 5 o 6 por ciento.

En tercer lugar se requiere de estabilidad y racionalidad política, de grandes acuerdos nacionales que permitan reformas estructurales, de instituciones fuertes y sólidas, de un aparato burocrático reducido y capacitado, de un sistema judicial renovado y eficiente que acabe con la corrupción y la impunidad; de una policía moderna y profesional. Tampoco es el caso.

Históricamente los momentos de convulsión política como la Revolución Mexicana y luego la Guerra Cristera fueron factores detonantes de la emigración. Ahora son la inseguridad, la violencia y la impunidad lo que genera la emigración de amplios sectores de la población. Incluidos los renglones sociales altos y medios, que en México no solían emigrar.

Es más, la violencia es una de las razones de por qué no retornan los migrantes mexicanos de Estados Unidos a pesar de que les está yendo tan mal. Porque en sus pueblos les puede ir peor. El crimen organizado acampó en el medio rural, se estableció allí sin tener ninguna barrera o límite. Corrompió desde abajo toda la endeble estructura política municipal y por varias décadas contó con apoyo local. Para muchos migrantes ya no es seguro ni placentero regresar a sus pueblos.

Por otra parte, la violencia y la inseguridad que campean en casi todo el territorio nacional son uno de los principales factores que ha incidido en la disminución de la migración en tránsito. El Instituto Nacional de Migración informa que hay una clara tendencia a la baja en las estadísticas de deportaciones. En 2005 se alcanzó el pico de 250 mil deportaciones y en 2009 se redujo a 90 mil.

Pero también es innegable que la política estadunidense de endurecimiento y control fronterizo ha jugado un papel importante en la reducción del flujo. Hasta la década del 90 la frontera entre México y Estados Unidos era, como se dice popularmente, una línea, y ésta podía traspasarse con facilidad y sin mayores consecuencias. Ahora hay un muro, y detrás, patrulleros y cámaras vigilando.

La política migratoria disuasiva, que tiene como principal finalidad incrementar los costos y los riegos, ha dado resultados en ambos lados de la frontera. Los kilómetros de muro y defensas fronterizas están a la vista de todos, especialmente de los medios, y son prueba tangible de que se está haciendo algo.

Por otra parte, los que financiaban el costo de la migración irregular eran los propios migrantes. Una buena parte de las remesas va a parar a manos de los polleros y de la industria binacional de la migración. Estas remesas, a las que hemos llamados sistémicas, porque se encargaban de reproducir el sistema migratorio, han disminuido drásticamente. Si no tienes empleo y tienes problemas económicos no te puedes dar el lujo de financiar el viaje de tu hermano u otro pariente que sólo vendría a agravar tu situación.

Varios factores están influyendo en la disminución del flujo migratorio irregular, pero sólo dejará de ser relevante cuando el país se encuentre en la ruta del desarrollo económico sostenido.