a titular del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal ordena a la autoridad suspender la llamada licitación 21, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Se trata del regalo
a Televisa y Nextel de un amplio conjunto de altas frecuencias que agudizan el dominio monopólico de los ganadores
.
La SCT, sin embargo, minimiza esa orden del Poder Judicial. No las obedeció en casos anteriores de la misma licitación con otros jueces, uno de Acapulco y otro de Tamaulipas.
Durante mucho tiempo a esto se le llamó desacato al Poder Judicial. Muchos seguimos llamándolo así. Pero en el contexto actual, también se le ha llamado impunidad, y no sólo frente al Poder Judicial.
El desprecio de la Cámara de Diputados, el querer tener un poder por encima de los diputados y de su fuero, fue evidente en el caso del diputado Julio César Godoy, al cual la Policía Federal quiso encarcelar a como diera lugar. Quiso impedir su entrada al recinto legislativo, lo cual no logró. Su presencia en la la Cámara de Diputados no fue objetada por ninguno de los legisladores, lo cual muestra que el Poder Ejecutivo estaba queriendo pasar por encima de esta cámara en su conjunto.
El diputado Godoy tomó posesión de su cargo, también sin ninguna objeción de diputados, y sin embargo la Procuraduría General de la República insistió en que sigue habiendo en su contra una orden de aprehensión.
En tercer lugar, tenemos el problema de la impunidad de funcionarios, al que nos referimos en el artículo del domingo pasado. Pues fueron publicados, primero, el 15 de septiembre de 2010, un boletín informativo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el 16 del mismo mes, un reportaje al respecto, de Earth Share, con referencia al San Gabriel Valley Tribune. Unos días después pude tenerlos a la vista.
Precisamente el día 15, dice el boletín, fueron consignados por su pago de sobornos a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por varias autoridades judiciales y policiacas de diferentes ciudades estadunidenses, dos mexicanos. Éstos eran intermediarios entre empresas que recibieron contratos de la CFE y los funcionarios de la misma. Enrique Faustino Aguilar Noriega fue acusado de siete cargos, incluyendo la conspiración para violar el Acta de Prácticas de Corrupción en el Extranjero, y además lavado de dinero. Ángela María Gómez Aguilar fue consignada por lavado de dinero.
Según la consignación, estas dos personas tenían puestos de dirección en el Grupo Internacional de Asesores SA, que se encargaba de las relaciones de varias empresas con la CFE y con otras entidades. Aguilar recibía 30 por ciento de comisión por todos los bienes y servicios (estos últimos incluyendo los contratos) de la CFE con las empresas.
Los que trabajaban con ellos “entendían que la comisión de 30 por ciento sería usada para pagar sobornos a funcionarios a cambio de los redituables contratos con la CFE”.
Según la consignación
, ambos acusados compraron un yate por aproximadamente 1.8 millones (de dólares), y un Ferrari por 297 mil 500 para un funcionario de la CFE
. También enviaron aproximadamente 600 mil dólares a familiares de un funcionario de la CFE.
Hasta aquí el boletín del Departamento de Justicia mencionado. La citada publicación del 16 de septiembre agrega, entre otras cosas, la misma lista de pagos aquí mencionada, pero agregando que el funcionario de la CFE que los recibió es Néstor Moreno, del que ya hablamos el domingo pasado.
También agrega que los dos consignados recibieron 5.33 millones de dólares entre septiembre de 2003 y mayo de 2008, según testimonio del investigador de la FBI Farrel Binder. Durante este mismo periodo, Moreno les concedió 19 contratos de la CFE
, según el mismo Binder.
La publicación concluye diciendo que el caso es parte de una investigación mayor de la FBI, que empezó cuando la ABB de Suiza informó de posibles sobornos de empleados suyos. Se agrega que ABB también tiene contratos con la CFE. Y se mencionan eventos del caso de la ABB con CFE, los cuales ya mencionamos el domingo pasado, junto con otros más, y que ahora se confirman.
Curiosa forma de celebrar los 200 años de nuestra independencia. ¿No que los tres poderes deben respetarse entre sí? ¿Y que funcionarios del Ejecutivo no deben tener la impunidad para recibir sobornos, mordidas o como les queramos llamar, y darle vuelo al contratismo?
