una semana del regaño a El Diario, de Ciudad Juárez, por el vocero de la presidencia Alejandro Poiré, se suma a otras muchas crisis del país la crisis de la ironía.

El editorial no estaba dirigido al crimen organizado, sino a los estrategas de la guerra, a los gobiernos y los gobernantes, a los gobiernos que suscriben el Plan Mérida, al Estado mexicano en toda su concepción. Dirigirse a alguien para que otro entienda es un recurso irónico para inteligentes, para suspicaces, y quizás los editorialistas de El Diario se equivocaron al dirigirlo a funcionarios. Fue tan obvio el reto editorial que los del crimen organizado no se dieron por aludidos, al mismo tiempo que el gobierno dio una de las respuestas más torpes y provocadoras.

En esta misma semana, en el municipio de Ascensión, Chihuahua, vecino de Ciudad Juárez, los habitantes decidieron y obligaron al presidente municipal, ante las mismas causas señaladas por El Diario de Juárez, a desaparecer la policía local y formaron sus guardias para protegerse de los secuestros, bajo el lema: mataremos delincuentes y afirmando que nos vamos a defender, nosotros solos y si los delincuentes saben matar, nosotros vamos a aprender, luego de haber linchado a dos secuestradores y haberlos dejado dentro de una patrulla del municipio.

Lo sucedido en Ascensión es la versión desesperada de lo planteado (y advertido) por El Diario, que de manera pacífica y mediante la palabra escrita se dirigió de forma directa a los que asesinaron a dos de sus trabajadores. En ambos casos significaría pérdida del control territorial, ingobernabilidad o desaparición de poderes de facto. ¿Cómo un experto en el tema y coordinador de la Seguridad Nacional, como Poiré, no advierte que el proceso que sigue la frontera empieza a generar dentro de la ciudadanía, no de la delincuencia, sentimientos autonómicos que tienen repercusiones en el concepto de soberanía?

En el caso de Chihuahua, la estrategia gubernamental ha llevado la espiral de violencia a niveles donde la ciudadanía no se siente respaldada por el gobierno y se pide a la población, que se mantenga funcionando con toda normalidad, frente a una caracterización de guerra que han hecho los voceros gubernamentales y sin que exista claramente definida una retaguardia o zona de seguridad para la población. Se define el enfrentamiento como una guerra y al mismo tiempo se quiere que los periódicos, las empresas, las oficinas públicas, los servicios, sigan funcionando normalmente. Lo lógico, con base en la caracterización gubernamental sobre la guerra, sería irónicamente declarar el estado de excepción, incluyendo el toque de queda. ¿Cómo se establece en la guerra gubernamental el hecho de que tanto los ciudadanos pacíficos como los activos del crimen organizado visten igual? Es justamente ahí, donde los daños colaterales han surgido y donde cada vez es más seguida la confusión, al margen de que ha sido fácil para los perseguidos disfrazarse y colocar retenes falsos, que hacen más confusa esta situación que se vive entre normalidad y guerra declarada.

Bajo estas mismas reflexiones, México retrocede de manera considerable en su realidad y sus propósitos. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución, dos acontecimientos que fueron esenciales para la construcción de la República y el Estado nacional: la separación de la Iglesia del poder político, logrado por las Leyes de Reforma y ya en el proceso de institucionalización, haber metido al Ejército a los cuarteles y haber sacado a los militares de la política.

En el primer caso, hoy, tras las reformas al artículo 130, la alta jerarquía de la Iglesia católica emerge con su misma vocación de mezclar lo religioso con lo político y afectar políticas de salud pública, derechos civiles e influir en el voto.

En el caso del Ejército, ya desde la década de 1950 tuvo un alto costo su utilización para reprimir movimientos obreros y campesinos, tomar las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y haber participado directamente en la represión de 1968. Hoy en la guerra contra el crimen organizado es claro que se decidió no gobernar desde la política o la economía, sino desde el Ejército, lo cual a futuro terminará dividiéndolo y lo llevará a disputar espacios políticos.

Gran crisis de la ironía del país, que a 200 y 100 años no podamos ver un país bajo un esquema verdaderamente democrático y que los viejos fantasmas del fuero, los que impedían la gobernabilidad y el desarrollo de las instituciones civiles, hoy estén de nuevo presentes con toda su fuerza y como protagonistas de una salida conservadora y autoritaria a la situación actual. Militarismo, clericalismo y alto grado de descomposición de la soberanía y la política cruzan el presente mexicano.

Todo ello encierra en el fondo el editorial de El Diario de Juárez, y por eso mismo la reacción airada de los que prefirieron no entender la ironía, que era un grito llamando a la defensa de un mínimo de gobernabilidad e integridad territorial.

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