l asedio al municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, está rodeado de confusiones auténticas y hasta entendibles, en muchos casos, y en otros, abiertamente interesadas y de mala fe.
Una de las reiteradas inquietudes que se plantean es que resulta incomprensible para miradas externas que en el seno del pueblo triqui existan divergencias políticas profundas entre grupos que reivindican su posición de izquierda y que como tales son reconocidos por su participación en proyectos con ese carácter. Ello no debería neutralizar ni contener la urgente necesidad de lograr la protección a la población triqui de San Juan Copala.
La lucha del pueblo indígena triqui está ampliamente documentada, en especial por el estudio reciente que publicó Francisco López Bárcenas. De ella se destaca la brutal persecución que han sufrido por parte del Estado en represalia por su adhesión a movimientos de izquierda radicales en tiempos de la hegemonía autoritaria del priísmo. En su momento fueron marcados por el decreto del Congreso local, en 1948, en torno a la desaparición oficial del municipio en San Juan Copala, centro ceremonial que se conjuga con el corazón del gobierno indígena y su dimensión cultural más profunda.
La formación de cacicazgos en la región en torno al control de recursos en la zona y el auspicio del Estado no han sido ajenos al clima de confrontación interna que prevalece. En ese contexto se formó la Unión de Bienestar Social para la Región Triqui (Ubisort), en 1994, de abierta filiación priísta, cuyo accionar en los hechos recientes la ubica como grupo paramilitar. Puede señalarse que algunos de los rasgos anotados son comunes al conjunto de los pueblos. Sin embargo, la particularidad de los triquis fue su posición rebelde y contraria al sistema. Uno de los parteaguas que marcaron la división histórica de un movimiento como el de Unificación y Lucha Triqui (MULT) fue la creación, en 2003, de un partido político local –el Partido de Unidad Popular (PUP)– que aportó en su momento a Ulises Ruiz los votos necesarios para desplazar a quien también era candidato y hoy es gobernador electo: Gabino Cué. Para valorar el significado de esta decisión habría que recordar que los llamados usos y costumbres como sistema de elección se aplicaban en Oaxaca décadas atrás de su reconocimiento, siempre y cuando formalizaran la contienda electoral por conducto del partido oficial. Es decir, la autodeterminación comunitaria se ejercía, pero el PRI la capitalizaba. Este hecho y la secuela del mismo en torno a la obtención de recursos públicos, cuyo reparto daba al PUP posibilidades de control en la región triqui, generó una división del MULT histórico y dio lugar al Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), que en 2007 decidió la creación del municipio autónomo en San Juan Copala.
Ya hemos observado las dificultades para los pueblos indígenas cuando se trata de construir autonomías, aun contando con derechos que formalmente se les reconocen. En el caso triqui la cuestión es más compleja, porque se plantea en oposición a otras tendencias del propio pueblo. Y más aún cuando el Estado favorece a quienes internamente en el mismo pueblo se oponen al proyecto. Lamentablemente no estamos ante una simple lucha ideológica que podría asumirse en un espíritu democrático. La confrontación ha sido alimentada con graves hechos de violencia que han marcado al conjunto del tejido social del pueblo triqui. Las familias de ese pueblo están dispersas en comunidades que a su vez están bajo el control de las diferentes fuerzas. Sólo la historia reciente da cuenta de diversos crímenes, e incluso desapariciones que no se han investigado. Esa cadena de impunidad tendría que romperse si se busca restablecer las más elementales reglas de convivencia política y democrática.
El asedio al municipio autónomo ha sido constante, pero a finales de 2009 le fue declarada abiertamente la guerra por los grupos opositores. El gobierno ulisista no tenía que dar la cara. Los últimos días el sitio a Copala por la Ubisort anunciaba una masacre y por fortuna la población logró desplazarse a comunidades aledañas. El MULT, por su parte, envía comunicados cuestionando al MULTI y reivindicando su pasado histórico.
Mientras todas estas violaciones a derechos humanos suceden, el Estado se lava las manos, el gobierno federal utiliza el argumento del conflicto interno, tratando de reducirlo a eso, sin asumir responsabilidades, olvidando que en esa región el gobierno estatal ha incurrido en acciones y omisiones propiciatorias de la impunidad. Urge colocar la atención en el derecho del pueblo triqui a la autorreivindicación, sin que por ello sean atropellados. Qué bien que los desplazados están vivos, pero no se pueden olvidar los muertos; unos y otros esperan justicia y el Estado debe garantizarla.
