Es necesario que el gobierno federal asuma su responsabilidad y plantee a la Iglesia católica los límites que tiene para expresarse en torno a leyes de la ciudad de México, afirmó el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.

Entrevistado tras inaugurar el seminario internacional Mitos y realidades sobre el aborto, el ombudsman capitalino hizo un llamado a la institución eclesiástica a ser respetuosa de lo que ya es ley, en referencia a las críticas del vocero de la arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez por las modificaciones al Código Civil local que permiten el matrimonio entre homosexuales y la posibilidad de que puedan adoptar.

Nos parece importante que pese a la libertad que tienen de emitir opiniones sobre estas leyes, es relevante que se ciñan al marco de legalidad de la ciudad y en el país, así que, me parece, la Iglesia excede las atribuciones que tiene cuando hace estos comentarios, señaló González Placencia.

Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló dichas reformas; de allí que hizo un llamado a la Federación para que plantee los límites que en este caso tiene la Iglesia católica para expresarse.

Reiteró su apoyo a las acciones promovidas por el gobierno capitalino –el juicio civil y la queja interpuesta ante la Secretaría de Gobernación– como medidas institucionales para hacer valer la legalidad y la constitucionalidad de normativas en la ciudad de México.

Mientras, en la Asamblea Legislativa del DF, el diputado del PRD Víctor Hugo Romo afirmó que no se vale que la jerarquía católica defienda la violación a los derechos humanos y promueva la discriminación, alegando un maniqueo discurso sobre la libertad de expresión.

Para el legislador capitalino, las declaraciones recientes de obispos, arzobispos y cardenales católicos en contra de instituciones, leyes y el Estado laico sólo promueven el odio y la homofobia entre los mexicanos, lo que atenta contra la paz social.

Consideró que frente a esa realidad, la Secretaría de Gobernación sólo obstruye la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, e incluso, desde diciembre de 2009 no ha dado respuesta a la queja que un grupo de diputados ingresamos a esa dependencia por este tipo de declaraciones de la jerarquía católica, y por ende está siendo cómplice de esta campaña de odio y fundamentalismo seudorreligioso, que sólo busca golpear políticamente al Gobierno del DF y a la Asamblea Legislativa.