Centenares de trabajadores de Mexicana de Aviación se manifestaron en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) e interpusieron una denuncia penal en contra del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, al considerar que ha cometido irregularidades por no haber decretado la requisa de la compañía y con ello beneficiar a Aeroméxico, cuyo capital está integrado al 25 por ciento por recursos de Citigroup.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, Miguel Ángel Yúdico Colín, afirmó que el gobierno advirtió que los acreedores de Mexicana, entre ellos el gobierno federal, perderán más de 2 mil 500 millones de pesos, entre créditos vencidos y deudas por turbosina, pero, indicó, lo más grave es que con el cierre de la empresa alrededor de cien mil empleos directos e indirectos se han visto afectados.

Los trabajadores firmaron denuncias individuales, que al final de la jornada de protesta por el cierre de la compañía aérea sumaron más de 400 documentos presentados ante la oficialía de partes de la PGR, y en ellos se menciona que Juan Molinar Horcasitas podría haber incurrido en hechos ilícitos que afectan el patrimonio nacional.

Yúdico Colín expuso que el titular de Comunicaciones y Transportes tendrá que afrontar otras denuncias por los daños que han ocasionado los actos u omisiones por el paro de actividades en la aerolínea y también la pérdida económica para los ingresos federales.

Entre estas pérdidas, señaló, “está el hecho de que Mexicana de Aviación y sus compañías subsidiarias son empresas cuyos pagos se garantizan básicamente con el flujo de los ingresos que generan sus ventas y que esas empresas –ahora integradas en el denominado Nuevo Grupo Aeronáutico– deben en su conjunto al gobierno federal aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos.

Y al permitir que se suspendiera la prestación de servicios de las empresas, el titular de la SCT permitió que cesara el flujo de ingresos que había sido protegido por el juzgado 11 de distrito en materia civil con sede en la ciudad de México, ya que Molinar Horcasitas sabe que al perderse la capacidad de pago de la deuda, estas empresas se convertirán en quebranto a la nación.