ntre el pasmo, la corrupción y el desorden institucional, mal funcionan en momentos de crisis los sistemas gubernamentales de protección civil. No puede ser de otra manera si los cargos directivos de esas oficinas son entregados en los diferentes niveles de gobierno a personajes habilitados por motivos partidistas o grupales y si los correspondientes presupuestos –en los planos federal y estatales– son manejados con ánimo de lucro particular, una especie de botín cuyas cuentas suelen diluirse entre urgencias que tapan irregularidades y desviaciones.

La capacidad de prevenir, reaccionar y dar posterior atención a los damnificados por desgracias naturales está condicionada por la triste realidad política nacional: politiquerías, celos partidistas, corrupción voraz, impreparación y una enorme vocación simuladora. Un sistema político enfermo sólo puede ofrecer a la sociedad dosis de su propia patología para aparentar que se atienden y combaten los infortunios circunstanciales. La naturaleza desquicia y lesiona, pero la estructura institucional de defensa de la sociedad apenas logra hacer como que hace, con los políticos gobernantes constituidos en buscadores obsesivos de testimonios mediáticos de efímera eficacia.

En Oaxaca se vive un largo y criminal abandono. Ulises Ruiz ha destinado buena parte de los fondos públicos a aventuras electorales y a las cuentas particulares de sus amigos, aliados y familiares, restando ese dinero colectivo a la atención de las necesidades sociales. A él, como a Fidel Herrera en Veracruz, el río revuelto de las desgracias súbitas les ayuda a eludir controles sobre el pasado mal administrado e incluso les provee de recursos frescos y una especie de restitución del poder maltrecho. Felipe Calderón, por su parte, visita lugares dañados por inundaciones que recibirán promesas y palabras dichas ante cámaras y micrófonos aunque las cosas sigan casi iguales apenas el viajero se retire.

Ayer, el mal tiempo le impidió a FC incluso visitar Tabasco, Chiapas y Oaxaca, en un contexto de confusión operativa que a la hora de cerrar la presente columna mantenía una densa imprecisión respecto al tamaño de lo sucedido en Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca, donde por la mañana se había hablado de unas 300 casas sepultadas por el desgajamiento de un cerro, lo que habría provocado centenares de muertes, acaso un millar, mientras por la noche se decía que eran apenas siete, según anuncio de Calderón hecho a partir de un reporte del gobernador Ruiz, que más tarde sería corregido por el secretario de Gobernación, que puntualizó que no se podía confirmar ninguna muerte. Tal vez lo único claro, cierto y oportuno haya sido una nota publicada 15 días atrás en el Oaxaca Hoy, http://bit.ly/9Dl4xw, en la que el reportero Alfonso Cruz López informaba que se estaba produciendo una gran grieta en el perímetro del cerro de Tlahuitoltepec, que los muros de las casas se estaban desmoronando y que de un momento a otro el cerro se hundirá, y con él decenas de viviendas, por lo que se teme que una tragedia ocurra en la zona. Quince días atrás.

En otro rubro de desgobierno y montajes mediáticos: el 26 de mayo de 2009 la administración calderonista dio a la estructura gubernamental de Michoacán el golpe más espectacular de su guerra contra el narcotráfico. En unas horas fueron detenidos 10 presidentes municipales, 17 servidores públicos relacionados con asuntos de seguridad pública y procuración de justicia y un juez del fuero común. La operación, popularmente conocida como el michoacanazo, fue realizada por policías federales y militares bajo la presunción de que los detenidos formaban una red de ayuda y protección a miembros del cártel de narcotraficantes conocido como La Familia.

Esa misma noche, el vocero de la Procuraduría General de la República, Ricardo Nájera, aseguró que las aprehensiones eran el resultado de una indagatoria de seis meses, que combinó las capacidades de investigación policial y ministerial, en campo y gabinete, apoyada en la sistematización de las indagatorias y el análisis y cruces de información en diferentes bases de datos, entre otras actividades realizadas por las autoridades federales, según nota de Gustavo Castillo García, http://bit.ly/dp4Z0H en La Jornada. El embate panista contra el perredismo cardenista en una entidad que desea gobernar la hermana del actual ocupante de Los Pinos se dio sin avisar siquiera al gobernador Leonel Godoy y con graves abusos: Los policías federales irrumpieron armados y con pasamontañas en palacio de gobierno amenazando a los guardias del recinto, y en las oficinas de la Procuraduría de Justicia, sin haber cumplido el procedimiento establecido para realizar cateos en esas instancias públicas, denunció el mandatario estatal, quien entregó carta de protesta y video probatorio al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont.

El golpe calderonista se produjo a pocas semanas de las elecciones intermedias de 2009 y se ganó extendida acusación de que lo movían intenciones partidistas. El número de detenidos creció en posteriores días hasta llegar a 35. De ellos, ayer salió libre el acusado número 34. Todos los liberados lo han sido porque los expedientes armados por el gobierno federal, y las posteriores diligencias acusatorias, no mostraron pruebas de los delitos que se les adjudicaban. Es decir: jurídicamente son inocentes. El michoacanazo queda, pues, como una tajante demostración del uso faccioso, partidista y electoral que el calderonismo hace de los instrumentos de presunta procuración de justicia. Uso impune y sostenido. ¿Alguien tiene responsabilidad y debe ser castigado por el levantamiento de esa ficción jurídica y por los daños institucionales, familiares y personales que provocó?... Y, mientras el embajador de Estados Unidos en México insiste en ofrecer el apoyo de su país para combatir a la delincuencia desbordada acá, ¡hasta mañana, con César Nava regalándole departamento de 15 millones a su Patylú y con la boda gaviotona fijada ya para el 27 de noviembre!

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