Cuatro ex policías ministeriales y uno municipal que permanecían presos desde hace 16 meses por sus presuntos nexos con el cártel de La Familia quedaron absueltos de esa acusación y salieron del Cereso de Morelia, Michoacán, por lo que de los 35 funcionarios estatales y municipales que fueron capturados durante 2009 –en lo que hoy se conoce como el michoacanazo–, ya sólo queda preso el alcalde priísta de Múgica, Armando Medina Torres.

Este edil será excarcelado en las próximas semanas, una vez que se desahoguen diversos trámites judiciales pendientes, informaron a La Jornada fuentes judiciales.

Por la noche, mediante un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial de la Federación (PJF), destacó que la resolución que ordenó ayer la libertad de los cinco ex policías michoacanos está debidamente motivada y fundada conforme a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes secundarias.

Efraín Cázares López, titular del juzgado primero de distrito de Michoacán, resolvió que conforme a lo dispuesto por los artículos 20 de la Constitución, y 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Penales, este juzgado determinó que (los cinco detenidos) no son penalmente culpables de la comisión de delincuencia organizada y delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento para facilitar la ejecución de estos ilícitos, indicó el CJF.

Agregó que, en consecuencia, el juez determinó absolverlos de la acusación formulada en su contra por el Ministerio Público de la Federación por la comisión de los ilícitos y variantes aludidos, y dispuso su absoluta e inmediata libertad por lo que se refiere al proceso II-4/2010.

La liberación de los cinco servidores públicos se dio pocos días después de que también obtuviera su libertad absoluta el ex titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) Miguel García Hurtado, y de que Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de la entidad, Leonel Godoy Rangel, protestara como diputado federal, aunque con una orden de aprehensión vigente.

Los ex servidores públicos que este martes abandonaron el Centro de Readaptación Social (Cereso) estatal fueron: Irlanda Sánchez Román, Alfredo Ramírez García, Noé Medina García y Faraón Martínez Molina, quienes fungían como policías ministeriales, así como Antonio Sánchez Gaytán, quien era policía municipal del puerto de Lázaro Cárdenas.

De esta forma, el alcalde de Múgica es el único que queda detenido por el llamado michoacanazo y si no fue excarcelado este martes junto con los otros cinco servidores públicos, se debe a que Armando Medina Torres fue capturado por la Procuraduría General de la República (PGR) en septiembre de 2009, tres meses después de la aprehensión de sus coacusados, por lo que tiene pendiente el desahogo de diversas diligencias judiciales, revelaron fuentes del Poder Judicial.

Los funcionarios judiciales añadieron que las acusaciones en contra del edil de Múgica están sustentadas en el mismo caudal probatorio con que la PGR pretendió demostrar que los otros 34 funcionarios michoacanos tenían vínculos con el cártel de La Familia, por lo que, dijeron, es muy probable que en las próximas semanas (Medina Torres) quede libre mediante un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas.

Este martes, a las 11 de la mañana, salieron del Cereso de Morelia David Franco Rodríguez, mejor conocido como Mil Cumbres, los policías ministeriales y el policía municipal del puerto de Lázaro Cárdenas.

El 26 de mayo de 2009 fueron detenidas 27 personas, entre ellas diez alcaldes, funcionarios estatales, así como la ex secretaria de Seguridad Pública, Citlalli Fernández, y el director de la misma dependencia, Mario Bautista, además de policías ministeriales y municipales.

Al día siguiente se presentaron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) el procurador del estado, Miguel García Hurtado, y el subprocurador de Morelia, Ignacio Mendoza Jiménez, quienes quedaron en calidad de detenidos.

Otros seis funcionarios michoacanos fueron aprehendidos varias semanas después. Según el acta de consignación, se les acusaba de ejecución de delitos contra la salud y delincuencia organizada. Las acusaciones se basaron en las declaraciones de Emilio, Ricardo y Paco, testigos protegidos que habían sido policías y luego delincuentes. Además, se mencionaron las declaraciones de algunos elementos de la Policía Federal quienes señalaban que habían encontrado una narcolista donde aparecían los nombres de los detenidos como receptores de supuestos pagos de La Familia, así como de llamadas telefónicas y elementos que finalmente no utilizaron los jueces.

De los tres declarantes protegidos, Emilio fue quien hizo imputaciones directas contra los funcionaros estatales y municipales. Sin embargo, durante el desarrollo de los procesos este testigo ya no acudió ante los jueces debido a que abandonó el programa de protección de testigos que otorga la SIEDO, y a la fecha los fiscales de la PGR desconocen su paradero.