Las desapariciones forzadas no han quedado en el pasado; el actual régimen continúa esas prácticas de terror e inhibición, señalaron abogados y familiares de víctimas de dicho delito.

Durante un foro de debate sobre el tema realizado en el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Humberto Guerrero, del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, destacó la importancia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Rosendo Radilla –desaparecido en 1974 por elementos del Ejército– para la búsqueda de la verdad en cientos de desapariciones forzadas en el país.

Esa sentencia es el primer reconocimiento formal judicial de que en México hubo desapariciones forzadas, sistemáticas y masivas en el periodo de la guerra sucia, por lo que no se trata de un caso aislado, como argumentó el gobierno de Felipe Calderón ante la CIDH, señaló el abogado.

Indicó que una vez que el organismo internacional emitió esa resolución –a finales del año pasado–, ahora el reto es lograr que el Estado mexicano cumpla a cabalidad el fallo de la CIDH.

La sentencia no lo es todo; no es un fin, es una herramienta para la justicia. Debemos adueñarnos de ella para la búsqueda de la verdad, lo que nos ayudaría a entender mucho lo que está pasando ahora.

Delito de lesa humanidad

En su turno, Nadín Reyes, hija de Edmundo Reyes Amaya, uno de los dos miembros del Ejército Popular Revolucionario desaparecidos en este gobierno, sostuvo que en el presente, las desapariciones forzadas, consideradas como delito de lesa humanidad, siguen vigentes en México. Es una forma de tormento y terror, de burla hacia los familiares. Cuando el Estado niega el hecho, es negar que existe un ser humano.

Adela Cedillo, de la organización Nacidos en la Tempestad e historiadora por la UNAM, coincidió en que las desapariciones forzadas son una forma de terror mediante el ocultamiento.

Dijo que esta práctica tiene como fin atemorizar a la población, inhibir la lucha social y minar los movimientos rebeldes. Es un delito de lesa humanidad que se ha usado de forma sistemática y se aplica selectivamente como una política de Estado recurrente contra todos los conflictos rebeldes. El Estado garantiza la impunidad al actuar en la lógica de no pasa nada.