Tras el fallecimiento de Juliana, joven de 17 años integrante de la población callejera y proveniente de una comunidad indígena, organizaciones de la sociedad civil alertaron que las autoridades, tanto federales como locales, han sido omisas en el combate al consumo de inhalables que, además de ser una droga de inicio, está al alcance de cualquiera.

Luis Enrique Hernández Aguilar, director de la asociación civil El Caracol, advirtió que a la fecha no existe ninguna política pública que garantice el derecho de los niños y niñas a no estar expuestos a esas sustancias.

Antes de morir, Juliana presentó cuatro crisis de hipocalemia, cuadro médico que se genera por bajos niveles de potasio y termina por paralizar los músculos.

Hace más de 15 años, cuando las autoridades de la ciudad de México eran nombradas por el titular del Ejecutivo federal, se intentó sin éxito combatir el consumo de solventes. Las autoridades obligaron a las compañías de pegamentos a incluir vomitivos en sus productos.

Con ello se intentó alejar a los adolescentes del pegamento, pero sucedió que emigraron al tolueno (materia prima que se utiliza para producir, entre otros, poliuretano, adhesivos y colorantes), que se ha hecho muy popular entre las poblaciones callejeras. Aunque no tenemos evidencias claras, hay cifras que refieren que 40 por ciento de la producción de tolueno termina en el consumo humano.

A los 12 años, Juliana dejó el núcleo familiar. Años antes sus padres llegaron a la ciudad de México. Vivían en un predio irregular. A los 16 se convirtió en madre adolescente.

El director de El Caracol revela que hace algunos meses Juliana fue obligada por su madre a ingresar a un anexo: está en Chalco, estado de México. Se llama La Pesadilla del Doctor Bob, el puro nombre da miedo. Hicimos lo posible por que estuviera en un lugar mejor y logramos que ingresara al CAIS de Torres de Potrero (Centro de Asistencia e Integración Social del gobierno capitalino especializado en adicciones) sin embargo no se adaptó lo suficiente, pues es un lugar diseñado para adultos.

Las exclusiones se sumaron en el caso de Juliana, pues al hecho de ser indígena e integrante de población callejera se agregó sus condición de madre adolescente.

Estamos ante un tema delicado. Los chavos se mueren por cosas que venden en cualquier tlapalería. Es legal el uso de solventes, pero el estado no es capaz de garantizar que niños y niñas no tengan acceso a ellos, afirmó Hernández Aguilar.