n este México lindo y querido en el que cotidianamente se registran asesinatos sin asesinos, responsabilidades sin responsables, saqueo sin saqueadores, violaciones sin violadores y atracos sin atracadores, brinca a la palestra una empresa pública de clase mundial y aporta una perla adicional a ese arraigado cuan oscuro país de los delitos sin delincuentes, del nadie sabe, nadie supo: en la Comisión Federal de Electricidad hay corruptores, pero no corruptos. Así es: la CFE es una empresa de soborno mundial, aunque su director general, Alfredo Elías Ayub, asegure que de eso nada sabe y nada supo.

Como en su momento se comentó en este espacio (28 de noviembre de 2009), prácticamente en el mismo momento en el que Felipe Calderón condecoraba a Alfredo Elías Ayub y destacaba su gran labor en sus diez años al frente de la Comisión Federal de Electricidad, en Estados Unidos el Departamento de Justicia procedía judicialmente en contra de dos empresarios (uno mexicano, otro estadunidense) acusados de encabezar una red de corrupción en la CFE, cuyo objetivo era amarrar contratos con la paraestatal mexicana. Aún con la condecoración al pecho, el funcionario pintó su raya y se apresuró a declarar lo siguiente: quiero dejar muy claro que tuvimos conocimiento de esto ayer (lunes 23 de noviembre de 2009), y de inmediato presentamos la denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue a fondo; pero ese contrato viene desde 1997 y yo entré como director en 1999. De hecho, la paraestatal indica que el 24 de noviembre de 2009 se presentó la denuncia correspondiente ante el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia (averiguación previa número PGR/AP/MELDCSPCAJ/SP/M-XXVI/136/2009).

Eso dice, pero lo cierto es que de 1999 a la fecha la paraestatal firmó cuando menos 374 contratos (51 por ciento de ellos por adjudicación directa) con la trasnacional que otorgaba los sobornos. Lo más llamativo del caso es que de 1997 a 2010, cinco han sido los titulares de la Secretaría de la Función Pública (antes de Contraloría y Desarrollo Administrativo) y ninguno de ellos, como tampoco Elías Ayub, tuvo conocimiento del asunto que se comenta (versión oficial). En dicho periodo, por esa dependencia del Ejecutivo pasaron Arsenio Farell Cubillas (1995-2000), con Zedillo; Francisco Barrio Terraza (2000-2003); Eduardo Romero Ramos (2003- 2006), este par con Fox; Germán Martínez Cázares (2006-2007) y Salvador Vega Casillas (2007 a la fecha), esta dupla con Calderón, y nadie metió la mano para investigar esa red de corrupción, la empresa que pagaba sobornos y los nombres de los funcionarios que los recibían, a cambio de otorgar jugosos contratos con la CFE.

En noviembre pasado, una vez destapado el estercolero, Elías Ayub exigió (así lo dijo) a la Procuraduría General de la República (ya con Arturo Chávez Chávez en la oficina principal) que investigara todo lo relacionado con el caso; eso es lo que le pedimos a la PGR: que investigue. Casi un año después, esta dependencia del Ejecutivo nada sabe, nada supo. Ahora bien, si este asunto se hizo público no fue gracias a la CFE, su órgano de control interno o la Secretaría de la Función Pública. No, el destapador de caños fue el Departamento de Justicia de Estados Unidos (ver La Jornada del 24 de noviembre de 2009, en nota de David Brooks), y la Comisión de Valores de aquel país (SEC) la que siguió el hilo, investigó y ayer presentó cargos en contra de la empresa trasnacional ABB Group (con sede en Zurich, Suiza, que aquí opera como ABB de México, la que sobornó a cambio de los jugosos contratos con la Comisión Federal de Electricidad) por violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero “por haber utilizado a subsidiarias para pagar sobornos a funcionarios en México y obtener negocios con empresas de energía propiedad del gobierno mexicano…”

Tras conocer la decisión del Departamento de Justicia y de la SEC, la trasnacional ABB Group de inmediato se declaró voluntariamente culpable por violar las disposiciones del gobierno de Estados Unidos contra el soborno (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), por lo que aceptó, de acuerdo con su propio comunicado de prensa, pagar poco más de 58 millones de dólares por concepto de devoluciones, intereses y sanciones y así resolver los cargos derivados del Departamento de Justicia y la SEC por los contratos de desempeño en México desde 1997 hasta 2005, y la participación de algunas de sus filiales en el programa de la ONU Petróleo por Alimentos en Irak de 2000-2004.

Entonces, la investigación de actos de corrupción en la Comisión Federal de Electricidad no la realizó esta paraestatal, ni su órgano de control interno. Mucho menos la Secretaría de la Función Pública, amén de que la Procuraduría General de la República acumula casi un año sin notificar cómo va la investigación exigida por Alfredo Elías Ayub. No, no fueron las legalmente encargadas por el gobierno mexicano, sino dos instancias del gobierno estadunidense las que aportaron luz sobre dichas corruptelas: ya se sabe en dónde, cómo, para qué y quién pagó los sobornos, pero en la magia gubernamental del nadie sabe, nadie supo, los sobornados mexicanos nunca existieron. Eso sí, por una mera casualidad de la vida a mediados de agosto pasado el director de operación de la CFE, Néstor Moreno Díaz, pidió licencia de su cargo. Un mes después, a escasos días de que la SEC se manifestara en el caso de ABB Group, este personaje presentó su renuncia definitiva al cargo que ocupaba en la paraestatal.

Alfredo Elías Ayub argumenta que de esos contratos no sabe nada, porque se firmaron en 1997 y él llegó en 1999 a la dirección general de la CFE, por nombramiento de Ernesto Zedillo. Pues bien, Vicente Fox lo ratificó en el cargo, y Calderón hizo lo propio. Once años lleva en el puesto. Cuando en noviembre de 2009 se destapó el caño de los sobornos, la trasnacional ABB acumulaba 338 contratos con la paraestatal (sólo del 28 de diciembre de 2005 al 29 de octubre de 2009) por un monto de mil 430 millones de pesos; casi un año después, ese número se había incrementado a 374 (de los que 190, 51 por ciento del total, fueron adjudicados directamente, de acuerdo con información del Ifai) y a mil 600 millones los dineros involucrados.

Las rebanadas del pastel

Queda claro, pues: en la mágica versión oficial (la del nadie sabe, nadie supo) existen empresas corruptoras, pero no funcionarios corruptos; hay quien soborna, pero no quien se deja sobornar.

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