El Ministerio Público Federal promovió una queja en contra de Efraín Cázares López, titular del juzgado primero de distrito en materia penal con sede en Michoacán, por haber incurrido en exceso de atribuciones y haber decretado en forma cuestionable la libertad de 20 de los 35 ex funcionarios públicos de esa entidad que fueron acusados entre julio y agosto de 2009 de delincuencia organizada e ilícitos contra la salud por supuestos vínculos con integrantes del cártel de La Familia, informaron Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), y Marisela Morales Ibáñez, subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Durante una conferencia de prensa advirtieron que los criterios utilizados para liberar a los ex funcionarios podrían ser usados por el juzgador Cázares López para dejar en libertad a Luis Servando Gómez Patiño, hijo de Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los líderes de La Familia, quien se encuentra sujeto a proceso penal.

Ambos funcionarios informaron que la queja contra el juez fue presentada el pasado miércoles ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a fin de que ese órgano investigue a Cázares López.

Chávez Chávez y Morales indicaron que el Ministerio Público Federal podría actuar nuevamente contra los 12 ex servidores públicos que fueron dejados en libertad por desvanecimiento de pruebas, y los ocho que obtuvieron la revocación del auto de formal prisión, al señalar que en sus juicios no se dictó ninguna sentencia definitiva.

Respecto de los nueve casos en los que se dictaron sentencias absolutorias en primera instancia, mencionaron que tampoco pueden considerar que ya no serán requeridos, pues las decisiones judiciales que se han tomado han sido apeladas y por tanto falta que un tribunal de alzada confirme su inocencia.

Marisela Morales expuso que el juez contravino los criterios establecidos por tribunales, que son sus superiores, y decretó la libertad de algunos de los ex servidores públicos al determinar que las declaraciones de los testigos colaboradores carecían de valor por haberse emitido sin la asistencia de defensor.

Agregó que aquellos ex funcionarios que obtuvieron su libertad mediante desvanecimiento de datos no aportaron prueba que desvirtuara de manera contundente las imputaciones que había en su contra, como exige la ley.

Chávez aseguró que no es un asunto político y que en su momento el Ministerio Público obtuvo los indicios que acreditaban la responsabilidad de los acusados, incluido el hoy legislador federal Julio César Godoy Toscano, en contra de quien se tenían, además de las revelaciones de dos testigos protegidos, grabaciones que lo inculpaban. Dijo que en su momento la PGR tramitará la solicitud de desafuero.