Durante una sesión de trabajo en la que los temas de la inseguridad y la violencia que se padece en el país fueron los más debatidos, el Senado de la República condenó ayer los 11 arteros asesinatos de alcaldes que se han perpetrado en lo que va del año.

En entrevistas por separado, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT) criticaron la decisión de la Procuraduría General de la República (PGR) de actuar contra el juez que decidió la liberación de la mayoría de los alcaldes y funcionarios del estado de Michoacán a los que se acusó de tener nexos con el crimen organizado, en específico con el cártel de La Familia.

Lo que el gobierno federal debería hacer ya es ofrecer disculpas a los funcionarios michoacanos a quienes mantuvo presos por más de un año, sin probar que estuvieran ligados con el narcotráfico, consideró el senador del PRI Francisco Arroyo Vieyra. Es riesgoso que inicien una cacería de brujas y lleven al patíbulo a ciudadanos a sabiendas de que las pruebas son endebles, recalcó.

Consideró asimismo lamentable que ahora la PGR plantee que los jueces son los malos y los ministerios públicos federales los buenos.

El coordinador perredista en Xcoténcatl, Carlos Navarrete Ruiz, sostuvo por su parte que hay una agresión muy grave al Poder Judicial y confió en que el juez y el Consejo de la Judicatura Federal actúen con valentía y energía ante esta grave acusación de la PGR.

El legislador del sol azteca agregó: Ahora resulta que las fallas en la acusación y los expedientes endebles, con las acusaciones de los testigos protegidos, sirven para que la procuraduría diga que los jueces no cumplieron con su responsabilidad y liberaron a los acusados.

A su vez, el también perredista Carlos Sotelo, presidente de la comisión especial que se conformó en el Senado para dar seguimiento a ese caso, conocido como el michoacanazo, dijo que ese organismo concluyó, luego de revisar los expedientes y entrevistarse con los detenidos y los funcionarios implicados –entre ellos el procurador Arturo Chávez Chávez–, que todo fue un montaje de la autoridad federal armado con una intención distinta a la de combatir a la delincuencia organizada.

Todos son inocentes, resaltó el legislador, y dijo que no duda que el único de los detenidos que sigue preso salga libre en los próximos días.

En tanto, ante el pleno, todas las fuerzas políticas consideraron que se debe proteger desde el Ejecutivo y el Legislativo a los presidentes municipales del país. El panista Ramón Galindo insistió en la urgencia de que el Congreso de la Unión legisle para dar a los ayuntamientos los instrumentos y los recursos a fin de que puedan hacer frente al acoso y agresiones por parte de bandas criminales.

Galindo denunció en tribuna que es tal el nivel de inseguridad y violencia que se vive en los gobiernos municipales, que muchos alcaldes, síndicos y regidores ya no están denunciando las amenazas que reciben de la delincuencia ante el temor de perder la vida, tanto ellos como sus familias.

El perredista René Arce hizo notar que se corre el riesgo de acostumbrarse a los asesinatos continuos de ediles. Ya no basta, insistió, con minutos de silencio y con ofrecer condolencias a las familias de las víctimas: Hay que salir a la calle a pedir seguridad para esos funcionarios.

Por otra parte, durante la sesión de trabajo, el pleno aprobó enviar al Ejecutivo federal 35 preguntas parlamentarias sobre temas tratados en el cuarto Informe de gobierno, en los que los legisladores tienen dudas.

El PRI pidió a Felipe Calderón Hinojosa que aclare por qué durante su gestión han disminuido los decomisos y aseguramientos de drogas, así como la erradicación de cultivos de mariguana y amapola. Los decomisos de cocaína en 2009 son menos de la mitad de lo incautado de esa droga en 1991.

Los senadores priístas aseguran que pese a que en el anexo estadístico del Informe presidencial se presentan como el esfuerzo nacional en la lucha contra el narcotráfico, las cifras muestran algo distinto. Mencionan, por ejemplo, que la cifra más baja en aseguramiento de cocaína hace dos sexenios es superior a la lograda en los cuatro años del actual gobierno, que fue de sólo 21.7 toneladas.

Asimismo, en 1999 se erradicaron casi 50 mil hectáreas de cultivos de mariguana y otras drogas, cifra que no ha sido alcanzada en lo que va del sexenio calderonista.

Por su parte, el PRD preguntó al Ejecutivo por qué la Procuraduría General de la República sólo ha utilizado en una ocasión la ley de extinción de dominio, “figura que se nos vendió como una panacea en materia de combate al poder económico y financiero de los cárteles de la droga”.

Una vez que reciba las preguntas parlamentarias, el Presidente de la República tendrá un plazo de 20 días para responderlas, se informó finalmente.