La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados aprobó ayer el dictamen de la ley antisecuestros, que otorga carácter federal al combate a la privación ilegal de la libertad de las personas, señala que ese delito se perseguirá de oficio y se castigará con más severidad cuando sea cometido por funcionarios públicos, policías, militares y familiares o conocidos de las víctimas.

Se prevé que una vez avalado por esta comisión, como lo hizo la semana pasada la de Puntos Constitucionales, el dictamen sea presentado al pleno en primera lectura el próximo martes.

El dictamen señala que se impondrán sanciones de hasta 70 años de prisión a quienes mutilen o asesinen a las personas plagiadas; se faculta a los agentes del Ministerio Público (MP) a intervenir comunicaciones privadas; se tipifica el secuestro exprés y el autosecuestro, e incluye un capítulo sobre reparación del daño, que plantea la integración de un fondo con los recursos obtenidos mediante el proceso de extinción de dominio de los bienes decomisados a los plagiarios.

El delito de secuestro se castigará con pena de 20 a 40 años de prisión y multa equivalente a entre 500 y 2 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.

Las sanciones serán más severas cuando quienes cometan el delito sean servidores públicos, a quienes se castigará hasta con 50 años de prisión. En cuanto al autosecuestro, las penas serán de 100 a 350 jornadas de trabajo comunitario, y a quien simule un plagio se le impondrán de dos a ocho años de cárcel.

Además, a los sentenciados por secuestro se les cancelarán los derechos a obtener libertad preparatoria, sustitución, conmutación de pena o cualquier otro que permita reducir la condena.

La ley otorga facultades al titular del Ministerio Público Federal, procuradores de los estados y del Distrito Federal a intervenir comunicaciones privadas y utilizar todos los medios tecnológicos que consideren necesarios para obtener pruebas.

En tanto, las procuradurías deberán crear unidades especiales para investigar secuestros, con agentes del MP y policías especializados, y dotarlas de los recursos humanos, financieros y materiales que requieran para su efectiva operación.

La ley prevé integrar un fondo de apoyo para víctimas del secuestro, a las que se otorgará atención médica y sicológica, y considera dar protección a menores.

Antes las víctimas quedaban en segundo plano y nos enfocábamos en el o los delincuentes, cuando lo primero que debemos atender es a la víctima y la prevención, señaló el presidente de la Comisión de Seguridad, José Luis Ovando, del PAN.