La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene todos los elementos para emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, las indígenas Me’phaa de Guerrero que fueron violadas sexualmente por militares en 2002, aseveró Alejandra Nuño, directora para el Programa de Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

En entrevista confió en que la sentencia se publique a más tardar la próxima semana. Se espera también que el tribunal internacional condene a México por torturas sexuales, abusos militares, limitación de acceso a la justicia, ordene reparar el daño y una disculpa pública por los abusos. De darse el fallo, se demandará, una vez más al Estado mexicano la modificación del Código de Justicia Militar para que las violaciones a derechos humanos cometidas por uniformados sean atendidas por tribunales civiles.

Ambas mujeres indígenas cuentan con el apoyo legal de Cejil, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Confiamos en que la CIDH retome nuestros alegatos porque se trata de dos casos trascendentes.

En primer lugar, dijo Nuño, evidencian la situación de vulnerabilidad en que están varios sectores de la población en México. Inés y Valentina son mujeres, indígenas, pobres, y menor de edad en el caso de la segunda, quien tenía 17 años cuando fue violada por varios militares.

Asimismo se pone de manifiesto que la política de seguridad del Estado tiene que ser replanteada. Las agresiones sexuales contra ambas ocurrieron en febrero y marzo de 2002, y es realmente preocupante que sigan teniendo la misma actualidad: incursiones militares con el fin de luchar contra la delincuencia organizada o por labores de seguridad, donde los militares cometen graves violaciones a derechos humanos.

El tercer elemento se refiere al uso y abuso de la jurisdicción militar para investigar los abusos de soldados. Actualmente ambos casos son atendidos en los tribunales castrenses, en completo desafío de la CIDH, que a finales de 2009, en la sentencia del caso de Rosendo Radilla –desaparecido político en los años 70–, ordenó a México modificar el código de justicia militar para que las violaciones a las garantías fundamentales cometidas por militares sean analizadas por la justicia civil.

“Estos tres factores evidencian que si el Estado no asume la responsabilidad de adoptar políticas adecuadas y acordes con los derechos humanos estos hechos se van a seguir repitiendo, como vemos en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, entre otras entidades.