El séptimo tribunal colegiado penal en el Distrito Federal negó un amparo a Juan Linares Montúfar, ex presidente del Consejo de Vigilancia del sindicato minero y presidente del Comité Técnico del fideicomiso minero por 55 millones de dólares constituido en Scotiabank, luego de resolver que su liquidación sí constituye un delito.

El mismo tribunal determinó que las pruebas aportadas por la Procuraduría General de la República (PGR) para acreditar la imputación que enfrenta Linares son suficientes para sostener un proceso penal en su contra.

En tanto, el sexto tribunal unitario penal negó ayer la libertad provisional bajo fianza que solicitó hace cinco meses Linares Montúfar.

De esta forma, el líder sindical deberá permanecer preso en el Reclusorio Norte del Distrito Federal hasta que el juzgado primero de distrito de procesos penales federales emita su sentencia y determine si el inculpado es penalmente responsable del delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito, derivado de la presunta disposición ilegal de los dineros que formaban parte del fideicomiso del sindicato minero.

El tribunal colegiado resolvió que el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, instruyó al fiduciario para que el producto de la venta de las acciones se depositara en cuentas bancarias a nombre del sindicato; sin embargo, éste repartió arbitrariamente y en forma indebida cantidades entre trabajadores y ex trabajadores sin derecho a recibir.

Agregó que Gómez Urrutia, junto con otras personas, entre ellas Juan Linares Montúfar, se apoderó de la cantidad de 35 millones de dólares mediante depósitos a su nombre y de terceras personas, en el extranjero y realizó otras maniobras financieras para ocultarlos.

Esta resolución del séptimo tribunal colegiado deriva de una petición de amparo que tramitó Linares contra la formal prisión dictada en la causa penal 140/2008.

Desde hace tres años diversos tribunales, federales y del fuero común, han emitido criterios contradictorios respecto al mismo tema del supuesto fraude por 55 millones de dólares que se imputa a varios dirigentes del sindicato minero. Lo que para algunos tribunales ha sido interpretado como una acción ilícita (el tema de la liquidación del fideicomiso de 55 millones de dólares), para otros fue una transacción apegada a derecho que no derivó en la comisión de ningún delito.