El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) requiere de por lo menos 380 millones de pesos para continuar con la implementación de la reforma penal. Dichos recursos, explicó Israel Alvarado Martínez, consejero de la Judicatura local, son necesarios para la construcción de dos edificios, uno para el Sistema de Justicia para Adolescentes y otro para albergar a los jueces de ejecución del sistema para adultos.

Alvarado Martínez señaló que a más tardar el 11 de junio del año próximo se deberá contar con entre 13 y 20 jueces de ejecución de pena, los cuales tendrán la función de garantizar que la condenas se cumplan con base en como fueron dictadas, así como verificar que se respeten los derechos humanos del sentenciado, además de tener facultades para modificar, conmutar o disminuir la pena.

El consejero manifestó que en diciembre se solicitarán esos recursos en el contexto de la negociación del presupuesto para 2011, una vez que la Cámara de Diputados determine el presupuesto de egresos y sepamos cuánto se va a entregar al Distrito Federal. Se tienen que hacer labores de cabildeo no sólo con los diputados federales, sino con el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que puedan otorgar recursos suficientes.

En entrevista, el encargado de la unidad especial para la implementación de la reforma penal indicó que se ha detectado la necesidad de crear nuevos órganos judiciales, para lo cual se requiere de nuevas instalaciones, ya que no hay espacios disponibles para albergar a los jueces de ejecución.

Agregó que el nuevo modelo señala que todas las audiencias, sin distinción de la figura judicial, deben ser públicas y orales, lo que implica que también existan salas de juicios orales con características muy específicas en términos arquitectónicos, con lo que actualmente no se cuenta. De allí la necesidad de construir nuevos edificios.

Asimismo, el Sistema de Justicia para Adolescentes, en el cual se comenzó a aplicar las reformas en materia penal aprobadas en 2008, requiere de más jueces de garantías, que son los encargados de aplicar la oralidad de los juicios.