Aun si la conjura para derrocar al presidente ecuatoriano Rafael Correa hubiera tenido éxito, los conspiradores hubieran negado que lo suyo fue un cuartelazo. Por la sencilla razón que hoy en día a los golpistas no les gusta que los llamen así, asegura en entrevista el analista Alexis Ponce.

Especializado en geopolítica andina y seguridad nacional, el antiguo portavoz de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos asegura que a 48 horas de la fallida intentona, con la aportación de la ciudadanía y las redes sociales, las instancias de inteligencia están logrando armar el rompecabezas de la conspiración, han logrado determinar la intensidad y extensión de su fallido plan y sobretodo han podido identificar a muchos de sus participantes.

Rechaza la opinión de los comentaristas anticorreístas, que aseguran que la acusación del mandatario de que los sublevados lo querían asesinar es una exageración y un “show”. Con los elementos disponibles, ya es posible demostrar que hubo un intento de magnicidio. Claro que los golpistas no iban a dispararle frente a las cámaras, pero la prueba está en los disparos incrustados en el vehículo que lo rescató del hospital. Entre otros indicios.

Ponce insiste que en las averiguaciones judiciales que iniciaron ya las fiscalía y los jueces asignados al caso, además de investigar al gutierrismo (las fuerzas políticas ligadas al ex presidente coronel Lucio Gutiérrez), tendrán que analizar los cordones umbilicales de los grupos golpistas con organizaciones de Estados Unidos como la US Aid (gubernamental) y la National Endowment for Democracy (privada), así como convenios específicos que aún existen entre las policías ecuatorianas y varios organismos estadunidenses.

Hay algunos antecedentes. En 2008, el ex director de inteligencia del ejército ecuatoriano Mario Pazmiño, antiguo jefe militar en los años de Febres, cuando se produjo el mayor número de violaciones a los derechos humanos, fue destituido de su cargo por colaborar con el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía política colombiana) para el bombardeo de Angostura, donde murió un jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y una veintena de personas, entre ellas cuatro mexicanos.

Al año siguiente estalló otro escándalo cuando se descubrió que la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía entregó a la CIA estadunidense discos duros con información interna.

Por esto el gobierno va a tener no sólo que depurar al cuerpo de la policía sino cambiar su matriz ideológica, convertirla en una verdadera policía bolivariana, limpia de la contaminación que ha tenido a lo largo de su historia de colaboración con la CIA.

Explica que hasta los años 70 Ecuador tuvo una policía precapitalista, parroquial, autoritaria. En los 80, durante el periodo de León Febres-Cordero (cuando surge la lucha armada), la policía se tecnifica y profesionaliza orientada a reprimir a la oposición. En los años 90, Lucio Gutiérrez crea un cuerpo de inteligencia policiaca que opera en la sombra a su servicio.

El jueves, muy convenientemente, Gutiérrez estaba en el exterior, dicen que en Brasil. Pero sus alfiles operaron durante la sublevación. Por ejemplo, uno de sus más cercanos colaboradores, Pablo Guerrero. Hay fotografías que lo muestran entre el piquete que quiso tomarse la televisora del Estado. El mayor Fidel Araujo, el segundo de abordo entre el gutierrismo, fue filmado celular en mano coordinando la acción en el regimiento Quito momentos antes de la llegada del presidente.

En su análisis sobre el comportamiento de las fuerzas armadas, Ponce destaca que sólo un pequeño sector, los radioperadores de la fuerza aérea, se aliaron con los golpistas. Esperaban romper un eslabón en la cadena de mandos militares y eso no sucedió. Esperaban que sus aliados en el interior del país lograran organizar levantamientos y saqueos generalizados para crear incertidumbre. No pudieron. La respuesta de la totalidad de las fuerzas armadas fue institucional. Hay que reconocerlo, el ejército lo hizo muy bien el 30 de septiembre.