l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha demostrado una vez más que la profunda desconfianza ciudadana en su actuación cuenta con firmes bases jurídicas. El pasado miércoles 29 de septiembre emitió una decisión sumamente paradójica e inconsistente que, aunque en el discurso busca defender la equidad de las elecciones presidenciales de 2012, en los hechos agrava la desigualdad al limitar la presencia mediática del aspirante que se encuentra en franca desventaja en la materia.

El mismo tribunal que el año pasado se negó a sancionar al Partido Verde Ecologista de México por sus informes legislativos en pleno proceso electoral o a Demetrio Sodi por su ilegal entrevista en medio de un partido de futbol, ahora elabora verdaderas maromas jurídicas para cerrar el paso a la eventual candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Hoy se ordenan medidas cautelares para el anuncio del Partido del Trabajo (PT), cuando antes las autoridades se negaron a hacer lo mismo para las declaraciones ilegales de Juan Sandoval Íñiguez o los espots del Informe de Enrique Peña Nieto que se difundieron a lo largo y ancho del país. Otra vez se aplica el viejo dicho del dictador peruano Óscar Benavides, retomado después por Getulio Vargas y Porfirio Díaz: Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley.

Pero en esta ocasión al enemigo ni siquiera se le aplica la ley, sino una interpretación profundamente torcida de la misma. Los magistrados ordenaron al Instituto Federal Electoral (IFE) retirar el espot que resume los 10 puntos del proyecto alternativo de nación de López Obrador, con el argumento de que existiría la posibilidad de posicionamiento de la imagen... de un ciudadano que puede participar como candidato en el próximo procedimiento electoral federal. El pequeño detalle es que el artículo 35 de la Constitución señala que todo ciudadano tiene el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular. Así, de acuerdo con la lógica del tribunal, cualquier persona que aparezca en un anuncio partidista, aunque sea de manera involuntaria, estaría violando la ley al posicionar su imagen.

El TEPJF, entonces, ha abierto la puerta para que el IFE cancele unilateralmente la vasta mayoría de los anuncios partidistas actualmente transmitidos. También ha condenado a los partidos al extraño destino de utilizar en el futuro exclusivamente a animales, extranjeros o delincuentes con sus derechos políticos suspendidos como protagonistas en sus anuncios.

Es cierto que, técnicamente hablando, la sentencia todavía no entra al fondo del análisis de la legalidad del espot del PT. Sin embargo, sí marca la pauta para las eventuales decisiones del IFE y el TEPJF al respecto. Afirma, por ejemplo, que existe la obligación de garantizar la equidad de la contienda electoral desde hoy, y no esperar hasta que inicie formalmente el proceso electoral, en octubre de 2011. Asimismo, señala que no es necesario que un mensaje político mencione explícitamente las palabras elección, precandidatura o candidatura para que exista una violación a los principios constitucionales en la materia.

Este abierto reconocimiento de que en los hechos ya se ha iniciado la contienda para los comicios presidenciales de 2012 es un elemento rescatable de la sentencia. Si los magistrados realmente tomaran en serio sus propios argumentos, desde hoy tendrían que intervenir de manera enérgica para asegurar que ningún posible candidato posicione su imagen de manera indebida ante los electores.

Tanto el IFE como el TEPJF tendrían que tomar medidas definitivas, por ejemplo, para parar el fraude a la ley que implica la difusión de las portadas de la revista Cambio con imágenes de Enrique Peña Nieto y Juan Molinar, así como los anuncios espectaculares del libro de Manuel Espino, entre otras groseras violaciones. También sería importante iniciar desde ya un monitoreo riguroso de la cantidad y tipo de cobertura que los principales medios están dando a los numerosos aspirantes a la Presidencia de la República. Así, se podrían detectar evidentes sesgos informativos y contar con elementos duros para prevenir y sancionar la ilegal donación en especie de espacios mediáticos a los precandidatos.

Sin embargo, todo parece indicar que las autoridades electorales continuarán con su estrategia de avestruz al simplemente ignorar la ley de la selva que cada día se expande más en materia electoral. En la sentencia del miércoles, el TEPJF señala explícitamente que ordena el retiro del anuncio de López Obrador porque fue transmitido durante los tiempos oficiales que le corresponden al PT. Mientras, amparados en una mal entendida libertad de expresión, todos los días las principales televisoras del país abiertamente afectan la equidad de la competencia sin que las autoridades electorales lleguen más que a imponer unas nimias multas simbólicas que no tienen impacto alguno.

El mensaje de ilegalidad e impunidad es claro: los que siguen las reglas del juego y transmiten sus mensajes por los canales formalmente establecidos serán castigados por el árbitro. En contraste, los que violan el sistema normativo serán premiados y tendrán grandes ventajas en la contienda electoral de 2012.

Posdata: invito a los distinguidos lectores de La Jornada a asistir al seminario organizado por un servidor, Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad, que tendrá lugar el próximo 18-21 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Destacados expertos, políticos y funcionarios públicos debatirán los temas medulares de marco jurídico en materia electoral de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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