Diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista (PVEM), Convergencia y Nueva Alianza (Panal), reclamaron al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arturo Chávez Chávez, que esa institución ha tenido una actuación insatisfactoria, fascista y de carácter político en contra de 35 ex funcionarios del estado de Michoacán y del legislador perredista Julio César Godoy Toscano. En respuesta, el funcionario señaló que el Ministerio Público Federal no ha actuado por consigna, que ha cumplido su compromiso y que lo único que orienta a la institución a su cargo es la aplicación de la ley, de manera imparcial y objetiva.

Chávez Chávez compareció ante las comisiones unidas de Procuración de Justicia y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del cuarto Informe de gobierno de Felipe Calderón, y allí fue cuestionado por los escasos resultados que la dependencia a su cargo ha obtenido en el combate al crimen organizado y a los delitos cibernéticos; en la resolución de ataques o asesinatos contra periodistas, y respecto de las investigaciones sobre el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos y el homicidio de Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas.

Desde el inicio de la comparecencia, Chávez Chávez apuntó: “no ha habido, ni habrá, favoritismos ni consignas políticas. La justicia con tintes políticos, simplemente no es justicia. La inacción con tintes políticos también es injusticia y vulnera el estado de derecho.

“En todos los casos, el Ministerio Público Federal ha cumplido su obligación constitucional de investigar y perseguir delitos. Como institución de buena fe y como representante social, ejerce la acción penal cuando se cumplen los extremos y requisitos que establece la propia Constitución, poniendo todos los elementos de que dispone a la consideración de la autoridad judicial competente.

“El Ministerio Público tampoco sentencia ni sanciona. El Ministerio Público respeta –aunque no comparta– las decisiones y resoluciones de los tribunales, y tiene plenas facultades para impugnar las que, a su juicio, se aparten de lo que disponen las leyes que nos rigen.”

El diputado Pedro Vázquez, coordinador del PT, señaló al titular de la PGR que “es injusto que esa institución busque afectar al diputado Godoy Toscano, ahora mediante el juicio de procedencia, cuando no pudieron probarle nada ante los tribunales de su supuesta vinculación con el cártel de La Familia”.

Víctor Báez Ceja, coordinador de los diputados michoacanos del PRD, pidió al procurador que presente su renuncia por ineptitud, y señaló que la PGR y su titular se han excedido en sus funciones, mantenido una actuación facciosa, y que ha servido de herramienta de consigna política en favor del Ejecutivo. La PGR tiene manifiesta incapacidad y ceguera, por ello debe renunciar su titular.

El perredista también le pidió que se desistiera del juicio de procedencia contra Godoy Toscano, a quien el coordinador de la bancada, Alejandro Encinas, le pidió desde temprano no presentarse a la comparecencia para evitar un escándalo.

El procurador le respondió a Báez Ceja: no ha habido consigna política, con las evidencias que se tienen existe una orden de aprehensión vigente. No es por consigna ni estamos tratando de dañar a algún instituto político.

El petista Jaime Cárdenas señaló que el caso Fernández de Cevallos está siendo utilizado políticamente para proteger o silenciar la actuación debida de la dependencia. El funcionario indicó que existe una averiguación previa, pero reiteró que no se sigue investigando porque, en ese caso, se tiene la obligación primigenia de proteger la vida.

Alfonso Navarrete Prida, diputado priísta, dijo a Chávez Chávez: nos sentimos agraviados al no ver resultados concretos en la investigación de quien fue nuestro compañero en esta Cámara, Rodolfo Torre Cantú, y que fuera candidato al gobierno de Tamaulipas.

El presidente de las comisiones unidas de Procuración de Justicia y Seguridad Pública, el priísta Humberto Benítez Treviño, dijo a su vez que: el sistema está resquebrajado: de cada 10 delitos hay siete detenidos, y sólo tres casos pasan a un juez. Tenemos una justicia aletargada.

Chávez Chávez dio algunas cifras: de 551 mil averiguaciones previas que se iniciaron de septiembre de 2009 a julio de este año, únicamente 135 mil (25 por ciento) se consignaron; 235 mil se fueron al no ejercicio de la acción penal, y 90 mil, a la reserva. De las investigaciones consignadas se obtuvieron 77 mil 786 sentencias condenatorias.

El procurador fue cuestionado en torno a los feminicidios de Ciudad Juárez, y señaló que cuenta con documentos certificados que acreditan que en su gestión como encargado de la procuraduría de esa entidad se resolvió 60 por ciento de los casos y los responsables fueron detenidos, procesados y sentenciados.