San Cristóbal de Las Casas, Chis., 10 de octubre. El obispo local, Felipe Arizmendi Esquivel, expresó total respaldo al párroco de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, quien recibió amenazas de muerte por acompañar a las comunidades que se oponen a la explotación de minas de barita que realiza la empresa canadiense Blackfire.

Procuramos tener cuidado de que no ande solo y los catequistas y las propias autoridades locales están al pendiente, dijo este domingo en conferencia de prensa.

Hace poco más de dos meses tuve esta información y hablé con él. Me decía que efectivamente se le advirtió que alguien había pensado asesinarlo. Estuve en comunicación ayer (el sábado) nuevamente con él, y me dijo que no ha habido más indicios de que esto vaya a suceder; esperamos que deveras no llegue a mayores, agregó.

–¿Tiene el respaldo de la diócesis? –se le inquirió.

–Obvio. Siempre. Desde que me enteré hace dos meses hemos estado en comunicación con él.

Felipe Arizmendi indicó: Todos celebramos cuando (en diciembre pasado el gobierno estatal) clausuró temporalmente la mina (ubicada en el ejido Grecia), porque había varios problemas, pero desde entonces pensamos que la empresa iba a moverse, no se iba a quedar así porque hay muchos intereses en el fondo.

Manifestó que es necesario seguir buscando mecanismos para no dañar más a las comunidades y al medio ambiente. Esto debemos verlo entre todos, no sólo las comunidades sino las autoridades, que para eso están, señaló.

Precisó que no es que el párroco sea el líder de los opositores a la explotación de las minas de barita, sino que acompaña a la comunidad en sus preocupaciones, como yo, que he estado en la parroquia de Chicomuselo, pues no podemos desentendernos de los problemas.

En noviembre del año pasado Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la explotación de las minas de barita, fue asesinado en la cabecera de Chicomuselo –municipio situado en la zona fronteriza con Guatemala–.

A consecuencia del asesinato, las autoridades estatales clausuraron la mina en forma temporal, debido a que causaba impactos ambientales adversos por la construcción, ampliación y modernización de siete kilómetros de camino; sin embargo, la empresa promovió un amparo de la justicia federal y en abril de este año el juzgado quinto de distrito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió en su favor, por lo que próximamente podría reanudar los trabajos.