arlos Salinas insiste en buscar su plena reinserción pública. Ya Felipe Calderón lo invitó el pasado 15 de septiembre a Palacio Nacional, en una especie de adelanto de lo que podría suceder en diciembre de 2012 si su ahijado político, Enrique Peña Nieto, recupera para el PRI el mando nacional. Blindado militarmente el Zócalo esa noche del Grito, y reunida en los salones palaciegos la clase política ajena a cualquier tipo de protesta, Salinas pudo colocar nuevamente sus pies en un espacio público de alta densidad política, pero no ha sido igual cuando ha tratado de participar en conferencias o actos académicos en México, donde su presencia sigue provocando temblores y erupciones.

Hoy, entre las 11:45 y 12:45, ha sido anunciada su participación en el Foro de la Democracia Latinoamericana que, en el Palacio de Minería de la Ciudad de México, organiza el Instituto Federal Electoral (IFE) para conmemorar que 20 años atrás fue fundado por el ex presidente ahora en busca de retorno triunfal. Hoy, ese IFE consolidado por José Woldenberg, y firmemente erosionado por Luis Carlos Ugalde, vive sus peores momentos, con un consejero presidente, Leonardo Valdés, sin fuerza política ni autoridad moral, y un grupo de consejeros abiertamente nombrados por los partidos como botín político e impúdicamente obedientes a los dictados de esas facciones. Impedido ya sistemáticamente de cumplir sus funciones básicas por el narcotráfico en los comicios del año pasado y en algunas tareas correspondientes al presente, ese IFE ni siquiera es capaz de garantizar que en 2012 se puedan cumplir los requisitos básicos de preparación de la jornada electoral, ni que se instale adecuadamente la red ciudadana de funcionarios de casillas.

Otro aniversario ha evidenciado el profundo grado de descomposición institucional que se vive en México. Un año atrás, Felipe Calderón dio un golpe sabatino para hacerse de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y botar a los trabajadores rumbo a una liquidación incentivada con zanahorias económicas pensadas para desactivar la oposición sindical. La operación policiaca fue acompañada de una intensa campaña de manipulación mediática para tratar de convencer a la sociedad de que el funcionamiento de LFC era una ofensa presupuestal inadmisible y que la mayoría de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) eran una pandilla de flojos que abusaban de las prestaciones laborales a costa del dinero público. Así fuera solamente por esos dos hechos inadmisibles –el uso fascistoide de la policía para un asunto laboral y el de los medios de comunicación para manipular a la opinión pública–, la resistencia al golpe felipista se extendió a sectores políticos y sociales que entendieron que permitir una conducta así de la derecha en el poder sería convalidar posteriores acciones similares.

A la distancia, las amplias promesas de mejoría ofrecidas por el calderonismo han sido rotundamente incumplidas. Falsa y ofensiva es la etiqueta que se ha colocado la empresa que ha sustituido a LFC, la Comisión Federal de Electricidad (CFE): una empresa de clase mundial. O tal vez sea cierta: una empresa de mala calidad, de baja clase mundial. Como consta a los usuarios, la CFE ha sido incapaz de atender con rapidez y eficacia las solicitudes de ayuda que los mexicanos han hecho a causa de los continuos desperfectos y cortes de servicio que sufren. Además, con el mayor cinismo ha multiplicado escandalosamente los cobros de consumo a su contentillo, haciendo a un lado la lectura de los gastos domésticos para imponer tarifas arbitrarias, sin sustento alguno.

Frente al manejo faccioso que Los Pinos ha hecho de la legalidad, los medios de comunicación y el aparato policiaco, los trabajadores en resistencia han decidido retomar el camino de las protestas públicas e incluso acelerarlas, en una estrategia de desesperación que será usada en su contra por esos mismos poderes fácticos. Sin opción jurídica, cerrados los caminos políticos, condenados al desierto laboral y económico, los miembros del SME sólo tienen frente a sí el desahogo, la protesta extrema. Ya se verá hasta dónde llegarán las últimas consecuencias a que se dicen dispuestos a arribar los electricistas sin trabajo. Lo cierto es que el sistema político les ha cerrado las puertas y pareciera necesitado de justificaciones para dar otro golpe ejemplar, que muestre a disidentes y opositores lo que sucede cuando se resiste a las órdenes superiores.

El grado de protesta, en este tipo de movimientos sociales, es proporcionalmente directo al grado de desatención e incumplimiento que las autoridades han aplicado al caso. Los electricistas protestan, y seguirán protestando, porque su fuente de trabajo les fue arrebatada para cumplir un oscuro proyecto de Los Pinos, que ha permitido ceder el negocio de la fibra óptica a empresarios seleccionados para recibir favores y luego retribuirlos en planos privados, y para concentrar parte de la operación de Luz y Fuerza del Centro en la CFE, la comisión llena de comisiones, porcentajes y arreglos bajo la mesa, la comisión –largamente concesionada a uno de los grupos de poder económico más importante, productor de campeonatos mundiales de acumulación de ganancias– que otorga energía eléctrica a precios subsidiados, ínfimos, a grandísimos empresarios, mientras roba el dinero a los consumidores ciudadanos mediante cobros inflados, inventados, injustificables.

No es menor, en este contexto, lo que ha dicho el ministro José Ramón Cossío Díaz al renunciar a la posibilidad de presidir la Suprema Corte de Justicia. Entre otros problemas graves que vive el país (inseguridad pública, desigualdad, reclamos crecientes para acotar derechos fundamentales), citó: ... o, por señalar un ejemplo más: ante los intentos que desde diversos ámbitos se hacen para imponernos visiones sociales homogéneas.

Y, mientras la PGR retoma vuelo contra el diputado Godoy, ¡hasta mañana, con los Chuchos reconsiderando el tamaño del hueco que les haría AMLO!

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