El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró lamentable y grave que la máxima autoridad judicial de la ciudad de México esté usando la ley para jugar a las vencidas y se coloque del lado de la impunidad, al dilatar su respuesta en torno a si acepta la recomendación 04/2010 por una presunta red de trata de personal en los reclusorios capitalinos.

El Consejo de la Judicatura local, encabezada por el magistrado Édgar Elías Azar, que a su vez es presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), había anunciado que el 12 de octubre definiría su postura al respecto, pero hasta el momento no ha dado respuesta a la comisión, actitud con la que, afirmó el ombudsman capitalino, la única que gana es la impunidad.

Mientras más se tarde, es más su responsabilidad en que este acto siga impune, dijo, aunque reconoció que se está en el plazo para responder, pues el consejo se dio por enterado de la recomendación hace una semana, aunque el documento le fue enviado hace casi un mes.

Se refirió al caso del empleado del juzgado 56 penal Joaquín Cedillo Luna, sobre quien pesa una orden de aprehensión por la falsificación de firmas y extender pedimentos judicial de llevar a internas a los juzgados para prostituirlas en los túneles de los reclusorios varoniles, pero a la fecha se desconoce su paradero.

En entrevista luego de clausurar un diplomado sobre violencia infantil, indicó que el debate que ha sostenido con el presidente del TSJ, quien en primera instancia devolvió la recomendación por considerar que no fue enviada correctamente, no se trata de un conflicto entre los titulares de dos órganos autónomos, sino una disputa entre la justicia y la validez de los derechos, por un lado, y la impunidad, por el otro lado. Y aquí lo grave es que con su actitud el TSJ se está colocando del lado de la impunidad.

Por la tarde, luego de participar en un foro sobre seguridad pública, procuración e impartición de justicia, Elías Azar señaló que la próxima semana dará respuesta, pues se está en el plazo de 15 días que concede la ley, no la Comisión de Derechos Humanos. Rechazó que esté del lado de la impunidad, como señaló el ombudsman.