Una vez liberados los 33 mineros de la mina San José, que colapsó el 5 de agosto pasado, en Chile, se dispararon las alertas sobre los débiles controles en ese sector en el mayor productor de cobre del mundo, pero también destacó que el país posee una industria madura, con maquinaria y experiencia suficientes para ejecutar uno de los rescates más desafiantes de todos los tiempos.

Surge ahora una pregunta: ¿quién ganó y quién perdió en la saga que atrajo la atención de todo el planeta?

El presidente Sebastián Piñera vio un alza en su popularidad desde que los mineros fueron encontrados con vida, luego de un débil comienzo y de que los tropiezos del gobierno provocaron la ira de los familiares de los atrapados y del público.

El multimillonario empresario obtendría beneficios para su renovada popularidad mientras busca la aprobación de una legislación que pretende incrementar impuestos a las compañías extranjeras que operan en el país.

La estatal Codelco y otras empresas privadas recibieron publicidad gratuita durante los meses que duró la operación para liberar a los trabajadores.

Codelco, la mayor productora mundial de cobre, dirigió el rescate y demostró pericia y recursos. Esto podría reforzar la percepción de los chilenos de que el Estado debe mantener la propiedad de la empresa. El gobierno ha expresado la pretensión de vender parte de la compañía para impulsar la eficiencia y reducir los costos.

Firmas de ingeniería privadas, especializadas en perforación, también obtuvieron fama con la exposición diaria en las pantallas de televisión.

En tanto, varios dirigentes sindicales consideran que el accidente en el yacimiento San José ayudó a impulsar la imagen de los mineros, a quienes se consideraba empleados privilegiados que percibían grandes salarios y jugosos bonos, según indicaban algunas encuestas.

Ellos sostienen que ahora el pueblo chileno está más conciente de los peligros que enfrentan en su trabajo y de que deberían recibir mejores salarios.

Los mineros de Chile están entre los mejor pagados en Latinoamérica y reciben bonos vinculados a nuevos contratos que podrían llegar a más de 25 mil dólares por empleado en las empresas más grandes.

Una imagen mejorada podría ayudar a los sindicatos a ejercer presión sobre sus empleadores si las negociaciones se entorpecen. Algunas de las mayores mineras del mundo, Collahuasi y Radomiro Tomic, negocian nuevos contratos para finales de 2010.

Los reguladores del sector minero en Chile mostraron que no estaban preparados para enfrentar el accidente. El presidente Piñera despidió al jefe de uno de los organismos supervisores.

El accidente se produjo en una industria que se creía segura para los trabajadores. Piñera introdujo un proyecto para reformar el organismo regulador y aumentar su presupuesto.

Las minas pequeñas y medianas resintieron las consecuencias del percance, porque el gobierno dispuso el cierre de decenas de pequeños yacimientos por medidas de seguridad.

Los inversionistas acusan al gobierno de haber emprendido una caza de brujas para ocultar las deficiencias que condujeron al accidente en San José.

Es probable que la producción de esas minas disminuya, pero no afectaría la oferta mundial porque las grandes empresas llevan la batuta y realizan fuertes inversiones para cumplir las normas internacionales de seguridad.

Las autoridades podrían enfrentar demandas de los trabajadores y sus familiares por no inspeccionar en forma adecuada la mina.

La Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, ha sido responsabilizada de la tragedia por opinión pública, trabajadores y funcionarios. La firma está bajo auditoría de activos y deuda para determinar si procede declararla en bancarrota.

La mina, con más de 100 años de antigüedad, tenía un largo historial de accidentes que causaron la muerte y graves heridas a varios mineros en años recientes.

Además, los propietarios tardaron horas en informar a las autoridades sobre el accidente, porque, dijeron, estaban evaluando la situación.

Los familiares de los mineros han presentado demandas contra la empresa y exigen casi 10 millones de dólares por reparación de daños, mientras la fiscalía evalúa los cargos.