ntes de que se me olvide. En mi artículo anterior hablaba de la vocación universitaria de la familia De Buen y mencioné a algunos de sus miembros que habían logrado ser catedráticos en México, siguiendo el ejemplo de sus padres y abuelos. Me temo que incurrí en una injusticia involuntaria al no mencionar a mi prima Nuri de Buen Lladó, profesora en la Facultad de Veterinaria de la UNAM, cuyo prestigio, según he tenido noticias muy próximas, es muy elevado. Te pido perdón, Nuri.

Pero ahora se impone un tema que nos toca de cerca, porque en México hemos tenido una experiencia al revés: el del salvamento de los mineros de Atacama en una conjunción de esfuerzos de todo tipo, particularmente con la intensa participación del gobierno chileno, cuyo presidente, Sebastián Piñera, fue testigo y protagonista de esa hazaña.

Es natural que recordemos el dramático accidente de Pasta de Conchos, donde se demostró, en primer término, la inutilidad de la inspección de trabajo y, en segundo, la absoluta e irresponsable actitud de la empresa, que no ha hecho nada no sólo en el momento de la catástrofe, sino también, y en forma continuada, al no hacer lo necesario para rescatar los cadáveres de los mineros.

El problema minero ha puesto en evidencia la absoluta tendencia antisindical contra organizaciones democráticas como lo es, sin duda alguna, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana.

La misma tendencia, con consecuencias también desastrosas, se ha visto en el conflicto derivado de la liquidación anticonstitucional de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y las trampas de todo tipo que se utilizan contra los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sin olvidar, por supuesto, el desastre de la empresa Mexicana de Aviación, donde se han violado todos los derechos de pilotos, sobrecargos y personal de tierra, con descaro absoluto.

Es evidente que ni el gobierno anterior ni el actual han tenido ni tienen el menor respeto por la democracia sindical. Acostumbrados a que las organizaciones gremiales de mayor importancia –sólo numérica, por supuesto– estén totalmente a su servicio, la presencia de sindicatos democráticos constituye un problema a resolver de cualquier manera, violando la Constitución, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y la Ley Federal del Trabajo (LFT), con reiterada falta de respeto por los principios de libertad y autonomía sindicales.

En el proyecto más reciente de reforma a la LFT es notable esa actitud. Se mantiene el registro y la toma de nota, pero se olvida que los sindicatos tienen personalidad jurídica desde el momento de su constitución y no a partir del registro, como señala la ley, y también se olvida que la toma de nota no es una opción, sino una obligación ineludible de la autoridad, de acuerdo con el artículo 374, párrafo inicial, que dice: “Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen capacidad para…”

Pero hoy no sólo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encabeza esa actitud. Lamentablemente, en la justicia federal también se han dado muestras de lo mismo. Buen ejemplo, lamentable, es la sentencia del pleno de la Suprema Corte que declaró constitucional el decreto presidencial del 10 de octubre de 2009, que ordenó la liquidación de LFC, dictado por el Presidente sin ley que lo precediera, violando de manera descarada la fracción I del artículo 89 constitucional, que sólo le otorga una facultad reglamentaria.

El ejemplo chileno es notable, y ha servido para poner en evidencia a nuestras autoridades laborales y a ciertos empresarios poderosos de la minería. La presencia permanente del presidente Sebastián Piñera hasta el rescate del último minero, en un ademán que demuestra la plena solidaridad gubernamental con los trabajadores, es prueba de ello.

Ojalá que aprovechemos el ejemplo. Sin embargo, con las autoridades actuales no tengo la menor esperanza de que eso suceda.