spléndido futuro para los mexicanos ha moldeado el inquilino de Los Pinos: no ha dado una en materia de crecimiento y desarrollo; ha cancelado cualquier posibilidad de lograr una vida digna a través del empleo y el salario; ha sublimado la inseguridad en el país y acumula 30 mil muertos en una guerra que nunca ganará, y que, como van las cosas, no tiene salida; ha rebajado a cero la de por sí desgastada credibilidad en las instituciones; la igualdad de oportunidades por él pregonada en tiempos de su campaña electoral, en los hechos se ha traducido en rásquense como puedan, y si no pueden qué más da; ha degradado al gobierno de la República a simple gerencia del gran capital, que nada aporta, pero con todo arrasa; ha privatizado los bienes nacionales, la infraestructura, la educación, la electricidad y lo que se acumule, y ahora, para vivir mejor y con la corrupción a tope, pretende borrar del mapa cualquier vestigio de seguridad social, comenzando con la salud pública. Eso sí, prepara un magno festejo del centenario de la Revolución, el movimiento social que reivindicó todo lo que él y los suyos han tirado al cesto de la basura.

En días pasados el Senado de la República aprobó la Ley de Asociaciones Público-Privadas (falta el visto bueno de los diputados, pero todo indica que es mero trámite), la cual permite, entre otras cosas, que particulares presten servicios públicos, y que mediante simples concursos, sin licitación, se otorguen y/o asignen las concesiones, permisos, contratos y otras autorizaciones (hasta por 40 años, obviamente renovables) que requiera la iniciativa privada (ya se sabe qué tipo de IP) para explotar servicios hasta ahora constitucionalmente reservados al gobierno federal. Con ello, México dejará de ser lo que artificialmente se ha intentado mantener como una República democrática, representativa y federal, y legalmente pasará a funcionar abiertamente como una empresa privada.

La única tímida salvedad que establece la citada legislación es la relativa a la industria petrolera (la eléctrica queda libre) para evitar una posible privatización. De cualquier suerte los límites también límites: tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica; ello sin perjuicio de mantener la disposición genérica para las demás actividades reservadas en las que se excluye la participación del sector privado. Después de eso, todo, absolutamente todo, queda abierto al capital privado, aunque en México queda claro quién es el capital privado (exclúyase al 98 por ciento de las empresas que son micro, pequeñas o medianas y no tienen mayor potencial que intentar sobrevivir a los embates gubernamentales), que no es otro que el beneficiario de la política privatizadora.

Y al mal paso darle prisa, porque tan sólo 48 horas después de aprobada la citada ley, el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, anunció que “una vez alcanzada la cobertura universal de salud en México, el siguiente paso será ‘una gran reforma’ para que las personas paguen por la atención médica mediante impuestos generales”, con lo que adoptó la propuesta que en otros foros ha presentado la Fundación Mexicana para la Salud. Bajo la modalidad planteada desaparecerían las cuotas obrero-patronales para seguridad social; es decir, explicó el funcionario, se podría desgravar la nómina y los empresarios no tendrían esta carga, a la vez se podría favorecer el desarrollo del empleo. El modelo permitiría garantizar una verdadera sustentabilidad financiera, con lo que en el futuro habrá un paquete único de intervenciones, igual para todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE y Seguro Popular (La Jornada, Ángeles Cruz Martínez).

Que paguen los jodidos, porque la privatización de la salud pública es un pingüe negocio que no puede quedar fuera de la ya de por sí enorme canasta de prebendas que tiene el gran capital (cualquier duda, favor de preguntar a Olegario Vázquez Raña). Aterrizado el numerito, la gerencia de la República no tardaría en decretar la exención fiscal a los nuevos propietarios del sector, por tratarse de un asunto de interés nacional. También se privatizará el historial clínico de los usuarios del hasta hoy servicio público de salud. De acuerdo con Córdova, está en curso una licitación para que alguna empresa particular sistematice lo que llamó expediente clínico electrónico, de tal suerte que al término del gobierno calderonista se tendrá un avance de 70 por ciento en colocar los datos de los pacientes en ese nuevo sistema.

Enfermarse es un lujo que la mayoría de los mexicanos no puede permitirse; en el lejano caso que en una institución pública de salud reciban una atención médica medianamente llevadera para superar la enfermedad, falta por transitar el terrorífico camino de adquirir medicinas en farmacias privadas (tres aumentos de precio en el año, cuando menos), porque las del sector salud siempre están vacías. Añádase la intención del gobierno calderonista de privatizar el sector salud, y que la gente jodida pague por la atención médica, de acuerdo con el anuncio del secretario Córdova, con base en la propuesta de Funsalud, una institución privada al servicio de la comunidad, según su propio eslogan.

Entre los fundadores (1985) y los socios activos de dicha institución privada aparecen muchos de los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (el poder tras el trono) y apellidos como Alemán, Azcárraga, Bailleres, Bours, Garza Lagüera, Madariaga Lomelín, Servitje, Slim, Azcárraga Andrade (el de Mexicana de Aviación), Aspe, González Laporte, Hank, Harp, Autrey, de Angoitia, Chico Pardo (Telmex) y Vázquez Aldir, por sólo citar algunos. Entonces, no hay que especular sobre quién explotaría la nueva industria de la salud pública.

Las rebanadas del pastel

¿Adónde ha llevado todo esto al país, a sus habitantes? El pasado sábado, en las páginas de La Jornada, Jaime Avilés se preguntaba: ¿habrá elecciones en 2012? Yo agregaría: ¿habrá país para celebrar elecciones en 2012?... Con ganas de reivindicarse, bien haría la lerda Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas si se da una vuelta por Aguascalientes y constata las permanentes agresiones al gremio encabezadas y fomentadas por el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien acostumbra secuestrar ediciones y amenazar públicamente a los colegas y a los medios que documentan sus no pocas tropelías, como es el caso de Manuel Appendini y La Jornada Aguascalientes.

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