El presidente Felipe Calderón envió ayer al Senado –a las 16:01 horas– una iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar para adecuarlo a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objeto de que los militares que cometan delitos de desaparición forzada, violación sexual y tortura sean sancionados por el Ministerio Público de la Federación y no por la justicia castrense y sus penas sean compurgadas en prisiones militares.

Resalta el Ejecutivo que el delito de desaparición forzada tendrá una prescripción de 35 años y no procederá la amnistía, el indulto, beneficios de preliberación ni sustitutivo alguno. Se detalla en el articulado que al servidor público que cometa el delito de desaparición forzada de personas se le impondrá una pena de 20 a 50 años de prisión y de 4 mil a 8 mil días de multa.

Subraya que como este delito lo pueden cometer particulares, cuando actúen por orden, consentimiento o apoyo de un servidor público tendrán una sanción de 10 a 25 años y de 500 a 2 mil días de multa.

La iniciativa consta de 48 cuartillas y reforma además los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, y señala que la implementación de estos cambios tendrá un costo de 72 millones 730 mil 84 pesos.

Horas después de que se reunió en Palacio Nacional con cuatro coordinadores parlamentarios del Senado –el priísta Manlio Fabio Beltrones, el panista José González Morfin, Arturo Escobar, del PVEM, y Luis Maldonado, de Convergencia– Calderón hizo llegar el texto de las reformas al Código Penal y otros ordenamientos y leyes.

Ahí, el Ejecutivo insiste en que las reformas propuestas tienen que ver con que el Código de Justicia Militar vigente impide hacer efectivos los principios constitucionales en materia de procuración y administración de justicia relacionados con el sistema penitenciario. Subraya que las modificaciones a la Constitución publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, para poner en marcha el sistema de reinserción social y modificación y duración de penas, previstas en los artículos 18 y 21 constitucionales, hacen necesario transformar el actual sistema de justicia militar.

Ante ello, el Ejecutivo plantea la creación del juez de ejecución de sanciones penales, quien tendrá entre sus atribuciones modificar o declarar extintas las penas o las medidas de seguridad, garantizando el respeto de los derechos y garantías que asistan al sentenciado durante la aplicación de las mismas.

Las modificaciones incluyen la creación de la policía ministerial militar, que actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos, y tendrá, entre otras facultades, la de informar inmediatamente a esa instancia civil cuando reciba la noticia de un hecho que puede constituir una conducta delictiva, así como recopilar y confirmar información sobre los hechos denunciados y hacerla constar en un registro destinado para tales fines.

Además, prestará el auxilio que requieran las víctimas u ofendidos y protegerá a los testigos; en los casos de delitos contra la libertad y la seguridad sexuales, se deberán aplicar las disposiciones especiales que emita la Procuraduría General de Justicia Militar.

En las reformas se precisa que los delitos de desaparición forzada de personas, violación  y tortura, previstos en los artículos 215-A, 265 y 266 del Código Penal Federal, así como el 3 y 5 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, cometidos en agravio de personas civiles, serán competencia de los tribunales del fuero federal.

Una propuesta adicional que hace el Ejecutivo tiene que ver con incentivar la presentación de denuncias en contra de integrantes de las fuerzas armadas que delinquen.

Al referirse a los costos que tendrá implementar esta reforma, se detalla en los anexos que su costo es de 72 millones 730 mil 84 pesos, debido a que se crearán cuatro juzgados de ejecución de sentencias, para los que se requieren 64 plazas con un costo anual de 20 millones 695 mil 804 pesos.

Otros 20 millones 400 mil pesos serán para la adquisición de bienes muebles e inmuebles; obras públicas, 27 millones 420 mil; materiales y suministros, 2 millones 218 mil, y un millón 994 mil 480 pesos en servicios generales.

El Ejecutivo menciona en el cuerpo de la iniciativa que debe cumplirse con la resolución de la CIDH por el caso Rosendo Radilla –el plazo vence el 15 de diciembre–, desaparecido en 1974 en Atoyac, Guerrero, por militares en el contexto de la llamada guerra sucia, pero no hace referencia a las violaciones sexuales de indígenas de Chiapas, las tres hermanas González Pérez, ultrajadas por soldados en 1994.