La liberación de los presidentes municipales y funcionarios estatales involucrados en el llamado michoacanazo dejó una lección gravísima, porque dejó en evidencia que la Procuraduría General de la República (PGR) no llevó a cabo el manejo adecuado de las pruebas para demostrar la responsabilidad de los acusados de tener vínculos con el crimen organizado, sostuvo Eduardo Salcedo Albarrán, investigador de la Fundación Método Investigación.

Salcedo Albarrán realizó una investigación detallada de los vínculos que tiene La Familia Michoacana con funcionarios municipales, estatales y federales.

Al dar a conocer las conclusiones preliminares del trabajo denominado Desafíos en la lucha contra el narcotráfico: experiencia comparada entre Colombia, México y Guatemala, patrocinado por el Open Society Institute, Salcedo señaló que la gran lección que dejó la operación en la que la PGR detuvo a decenas de alcaldes y funcionarios michoacanos –el diputado perredista Julio César Godoy Toscano enfrenta un proceso de desafuero por la misma causa– es que, por la forma en que ocurrieron las cosas, “las consecuencias son gravísimas.

“Si los alcaldes actuaron mal y por fallas en el proceso probatorio todo se cae, imagínese el favor tan grande que se le hizo al crimen organizado, porque ahora se están legitimando esos funcionarios, porque dicen que no les probaron nada.

Al contrario, si no actuaron mal, y fueron vinculados con el crimen organizado porque sí, es un daño al nombre profesional, a su vida política y pública. Ambos escenarios son gravísimos y la lección que queda es que para evitar eso es necesario un fortalecimiento en el manejo técnico de las pruebas, en la recopilación probatoria y en cómo utilizar esto para armar un caso que se justifique y sea presentado ante un juez, indicó.

Al participar en el seminario internacional México, seguridad nacional, relaciones cívico militares, democracia y combate a la delincuencia organizada, el especialista colombiano aseveró que el hecho de que las organizaciones criminales establezcan relaciones con funcionarios no implica necesariamente que haya complicidad entre ellos o que hayan sido cooptados por el crimen organizado.

Ese tipo de relaciones, señaló, pueden ser desde las que son consecuencia de amenazas, sobornos y otras presiones, hasta las de vínculos familiares o de amistad.

Por eso sería irresponsable señalar que esas relaciones implican a los funcionarios en hechos delictivos, añadió.

El investigador comentó que el trabajo sobre La Familia está en curso, y que precisamente el origen de la investigación se dio cuando se hizo público el llamado michoacanazo.

“Podemos ver –dijo– que antes de 2005 las relaciones de ese grupo criminal abarcaban a funcionarios municipales y estatales, pero de 2009 a la fecha podemos advertir que hay incluso colaboración con algunos funcionarios del orden federal”.

Agregó que sus conclusiones son producto del análisis de expedientes de dicha indagatoria y trabajos de campo.