En la víspera del noveno aniversario del fallecimiento de la abogada Digna Ochoa y Plácido, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) exigió al Estado mexicano que no se mantenga inerte ante la impunidad que rodea el caso de la muerte de la defensora de los derechos humanos.

Es indispensable que el Estado mexicano cumpla con las recomendaciones de los organismos de derechos humanos sobre el caso Digna, cuya muerte que ha quedado en la total impunidad, sostuvo ayer en entrevista con La Jornada Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la ANAD y ex abogado de la familia Ochoa y Plácido.

El litigante participó hace dos años en la coadyuvancia sobre la reapertura de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el fallecimiento de Digna Ochoa.

Hace siete años las autoridades mexicanas se comprometieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a llevar a cabo las medidas necesarias para reparar los daños a la memoria e imagen de la activista.

A decir de Manuel Fuentes Muñiz, hay indicios claros en el expediente ministerial de la PGJDF que apuntan a que Ochoa y Plácido fue asesinada el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la ciudad de México.

La investigación sobre la extraña muerte de la abogada Ochoa partió de una pésima preservación de la escena del crimen y ha estado marcada por contradicciones en las conclusiones ministeriales y errores de los peritos que participaron en las pesquisas.

La familia Ochoa tuvo que contratar diversos bufetes jurídicos, los cuales obtuvieron un amparo en 2006 que permitió reabrir las investigaciones, y con el que se pudieron emprender nuevos peritajes al cadáver de la luchadora social.

Hace tres años y medio la PGJDF reabrió, en acato a un ordenamiento del Poder Judicial federal, la averiguación previa sobre el caso de la muerte de Digna.

Aunque los abogados coadyuvantes contratados por los hermanos Ochoa y Plácido han aportado diversos testimonios que involucran al cacique guerrerense y presunto narcotraficante Rogaciano Alba Álvarez –detenido bajo cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud– como probable autor intelectual del asesinato de Digna, en lo que podría ser una especie de homicidio por encargo, hasta el momento la PGJDF ni siquiera le ha tomado declaración como testigo.