omprobar lo que sucede en otros países de América Latina nos hace valorar más a Benito Juárez. Hace ciento cincuenta años, con la Ley de Libertad de Cultos, del 4 de diciembre de 1860, el movimiento liberal mexicano sentó las bases para perfilar la laicidad del Estado mexicano. Tal gesta nos ha evitado, aunque con sus excepciones, ver a los titulares del Poder Ejecutivo al frente de ceremonias de la confesión religiosa mayoritaria.

Hace dos días, en Lima, Perú, el presidente Alan García encabezó un acto casi litúrgico, en el cual se declaró al Señor de los Milagros Patrono de la Espiritualidad Religiosa Católica del país. El acto fue la puesta en práctica de una ley promulgada por el propio Alan García, y aprobada en el Congreso peruano. La norma establece que la imagen venerada es la de Jesucristo, un símbolo de religiosidad y sentimiento popular.

No nos vamos a poner a discutir aquí si la representación iconográfica materializa lo que reconocen en ella la presidencia y el Congreso peruanos. Lo que llama la atención es que a estas alturas de la historia haya regímenes en América Latina que consideren parte de sus responsabilidades gubernamentales andar aprobando instrumentos legales que apoyan veneraciones religiosas de una confesión determinada, por muy mayoritaria que sea.

Con distintas variantes a la bendición presidencial peruana de la imagen mencionada, por toda América Latina los gobiernos rinden pleitesía a conspicuos personajes y creencias de la Iglesia católica. Prácticamente nadie se atreve a llevarle públicamente la contraria a los cardenales, arzobispos y obispos. El peso simbólico de ellos es una pesada lápida que inmoviliza a los funcionarios, comenzando por la respectiva presidencia de la República. De manera oficial se otorgan apoyos políticos y presupuestales a la confesión religiosa de más larga presencia en cada país, que es la católica.

En Perú las creencias distintas a la católica romana han logrado avances significativos en el porcentaje de la población que aglutinan en su seno. Pero ello no les alcanzó, sobre todo a las comunidades cristianas evangélicas, para evitar que Alan García la hiciera de oficiante católico al desempeñar casi el papel de monaguillo que toca la campanilla cuando lo señala el cura.

La intención original del presidente peruano era declarar al Señor de los Milagros como santo patrono de Perú. Los protestantes criticaron y se opusieron tenazmente a los deseos de Alan García y sus canonizadoras pretensiones. De acuerdo con la agencia de noticias ALC, el lunes 4 de octubre, a través de una misiva remitida al presidente del Legislativo, César Zumaeta, el Concilio Nacional Evangélico de Perú y la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú opinaron que se iba a vulnerar los derechos fundamentales a la libertad e igualdad religiosa. Cuestionaron que se pretendiera imponer un culto religioso a todos los peruanos y solicitaron archivar esa iniciativa.

No se archivó la ley, tampoco se hizo la declaratoria original de investir al Señor de los Milagros como patrono de todos los peruanos. Sin embargo, para no quedar mal con la jerarquía y parte de la feligresía católicas, el Congreso de Perú optó por aprobar que la imagen es patrono de la espiritualidad católica del país y símbolo de la religiosidad y el sentimiento popular. Ante la consumación del hecho el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Miguel Cabrejos, consideró que la iniciativa no vulnera la libertad de creencias. Según él, porque es la imagen de Cristo crucificado y si los hermanos evangélicos son cristianos entonces deben entender que es como ver al Padre. Perú es un país con variedad de creencias y no se puede crear problemas por esta declaratoria. El problema no es la declaratoria, sino que la hayan generado y beneficiado el presidente y el Congreso, en un claro favoritismo por la religión de su preferencia.

Con todo y los intentos de las dos administraciones presidenciales encabezadas por el Partido Acción Nacional por vulnerar la laicidad del Estado mexicano, es evidente que no han tenido el éxito imaginado por ellas. La herencia juarista está más extendida en nuestro país que lo miopemente calculado por los nostálgicos de la simbiosis poder político-dominio clerical católico. Los malquerientes del Estado laico no han podido revertir logros civilizatorios fruto de la gesta juarista.

Aunque desde el poder federal han querido borrar del calendario festivo los ciento cincuenta años de la Ley de Libertad de Cultos, como antes lo hicieron con el cumplimiento del mismo lapso de tiempo de la Constitución liberal de 1857, que sentó bases para la descolonización del país, la herencia de Juárez y la brillantísima generación que le acompañó es palpable en gran parte de la ciudadanía. Ésta muy posiblemente no es consciente del origen de su laicidad práctica, por muy creyentes religiosos que sean, pero innumerables sondeos de opinión pública han demostrado tajantemente que para nada quieren las imposiciones éticas exigidas por la alta burocracia clerical católica.

A diferencia del conocido danzón Juárez no debió de morir, que quisiera vivo al indígena zapoteca y presidente de la República, nosotros lo vemos vivo y actuando como un dique que frena de tajo las confusiones político-religiosas del conservadurismo y sus añoranzas.