Si las autoridades electorales no asumen sus nuevos retos, existe el riesgo de que la crisis suscitada en la elección presidencial de 2006 se redite en 2012, advirtió John Ackerman, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para evitarlo, subrayó, el Instituto Federal Electoral (IFE) debe dejar de ser un simple administrador de los comicios y el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ya no tiene que conformarse sólo con ser una instancia de nulidad.

Consideró que el contexto actual en el país obliga a ambas dependencias a modificar su comprensión del derecho electoral y la concepción de sus funciones, las cuales deben asumir a plenitud. Señaló que el IFE tiene que comportarse como un órgano regulador del espacio político electoral, y el tribunal como una instancia con plena jurisdicción para imponer el estado de derecho en la materia.

Entrevistado al cierre de las actividades del seminario Elecciones 2012. En busca de equidad y legalidad, organizado en el IIJ, el académico comentó que técnicamente ya inició la carrera para 2012, y todas las señales que están dando hasta hoy las instituciones electorales es que van a tener la misma actitud que tuvieron en 2006: ir por lo fácil y actuar tarde.

Aseveró que las autoridades electorales, en particular el IFE, ya no deben vivir de la nostalgia de las glorias del pasado, sino que en su 20 aniversario es tiempo de que madure. En lugar de buscar esos aplausos de su juventud, tiene que asumir los nuevos retos de su madurez para imponer el pleno estado de derecho. Hace años se luchó por su autonomía del gobierno y partido de Estado; ahora es tiempo de que lo hagan respecto de los poderes fácticos: medios de comunicación, grandes empresarios, partidos políticos y narcotráfico.

El investigador aseveró que las instituciones electorales deben tener una interpretación creativa y avanzada de la ley.

“Eso fue lo que construyó la legitimidad del IFE de 1996 a 2003, no fue por una lectura limitada, legalista de estricto derecho como logramos construir el instituto de ese periodo. Es a partir de aceptar y reconocer que en la ley electoral hay trampas explícitamente puestas por los partidos. Antes el IFE no podía investigar quejas, pero en los hechos fue más allá de lo que decían las normas e investigó y sancionó tanto en Amigos de Fox como en el Pemexgate, por ejemplo.”

Si bien la ley electoral de 2007-2008 aún presenta imperfecciones, indicó, otorga grandes facultades al IFE y lo peor es que esta instancia no las ejerza y siga siendo un órgano chiquito y burocrático. Antes no las tenía y buscaba formas para ejercerlas; ahora que las tiene busca pretextos para no actuar.

Explicó que el seminario –en el que participaron actores políticos y de la academia, y se realizó la semana pasada– es un intento de adelantarnos para evitar que en las elecciones de 2012 se presente una situación similar a la de hace cuatro años. Por esto, las conclusiones de las labores de las diferentes mesas de trabajo se presentarán ante el Congreso de la Unión a fin de que éste las considere.

Una de las mesas que más controversia generó fue en la que se abordó la transparencia en los partidos políticos, donde el panista Ricardo García Cervantes, el priísta Jesús Murillo Karam y el perredista Rafael Hernández Estrada se manifestaron en contra de que los partidos sean sujetos obligados de rendición de cuentas y advirtieron que es más un asunto de falta de ética que de normas.

En la referente al blindaje para evitar que dinero ilegal entre a las campañas, Samuel González, investigador de la Facultad de Derecho de la UNAM, consideró que la estructura del sistema político electoral en México ocasiona que quien aspire a altos cargos de elección popular –principalmente a la Presidencia– sólo pueda ganar con financiamientos ilícitos, debido al nivel de gastos en campaña que alcanzan entre 450 y 500 millones de dólares y el IFE sólo otorga un promedio de 70 millones de dólares.