Los alarmantes niveles de violencia y la falta de oportunidades laborales y de educación que padece la juventud del país son un indicador de que el gobierno federal ya no puede postergar la demanda de múltiples sectores sociales en el sentido de emprender un profundo cambio en la política educativa, que se rija por más libros y menos armas, así como mayor inversión, detalló el Movimiento por la Escuela Pública.

La reciente masacre de jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, es un llamado más de la urgente necesidad de que haya un cambio en la política educativa, en favor de los que están en la escuela y de quienes no han podido ingresar a la educación escolarizada, subrayó Juan Calvo, coordinador general del movimiento.

El Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (Siscal) manifestó que los hechos de violencia que persisten en el país han tenido lugar, en gran parte, por la inacción de las autoridades para emprender una limpieza a fondo del aparato de gobierno, que es el que solapa en muchas ocasiones este tipo de violencia.

No solamente es la acción [de los grupos delictivos] la que está matando a los jóvenes, sino la omisión también de las autoridades que no están cumpliendo con el papel de salvaguardar la integridad física y moral de la sociedad, no sólo en Ciudad Juárez sino en todo el país, apuntó Martín Hernández, presidente en México de Sicsal.

La Arquidiócesis de México dijo que la masacre es un hecho verdaderamente trágico que conmueve a la sociedad por el extremo al que ha llegado el crimen organizado, que no respeta a nada y nadie. Esto también indica la necesidad de combatirlo con mayor fuerza.

En nombre del Centro Católico Multimedia, auspiciado por la orden religiosa de Los Paulinos, el sacerdote Omar Sotelo declaró que la violencia que se vive en el territorio nacional “confirma la imposibilidad de las autoridades –federales, estatales y municipales– para combatir el narcotráfico”.

Para que la población recobre la confianza en sus instituciones y gobernantes se necesita la aplicación de mecanismos para evitar la corrupción y la penetración de los grupos delictivos en las instituciones, añadió el cura.