El grupo legislativo del PRI se adelantó a la revisión del proyecto de reforma laboral del PAN y a la iniciativa que prepara la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y entregó el jueves pasado a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados una propuesta en la materia que contempla, entre otras cosas, reducir la jornada laboral a 40 horas, la posibilidad de sindicalizar a empleados de confianza y verificar la legalidad de las empresas subcontratistas.

La iniciativa se suma a la presentada por el blanquiazul, que es impulsada por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón; a la que propuso el PRD, por conducto Francisco Hernández Juárez, y la que están preparando la CTM y el Congreso del Trabajo. El proyecto priísta ya fue entregado para su análisis a las diversas fracciones representadas en San Lázaro.

Una copia del documento, que se repartió entre los diputados del sector laboral, indica en la exposición de motivos que la iniciativa se presenta ante el preocupante nivel de desocupación que afecta tanto a hombres como mujeres en México, donde la tasa de desempleo abierto reportada por las instituciones oficiales es de 5.44 por ciento, lo cual significa que más de 6 millones están sin trabajo.

Señala que es alarmante que haya más de un millón 144 mil 300 desempleados por discriminación laboral, es decir, sólo por el color de la piel o estatura, y que continúen siendo explotados 3.5 millones de niños en los sectores agropecuario, manufacturero, comercio y servicios.

La iniciativa propone reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas y que el trabajo que se lleve a cabo fuera de ese contexto sea considerado extra y se remunere aparte. Además, que la llamada subcontratación o terciarización no sea erradicada, sino regularizada, para que los patrones no evadan obligaciones legales.

“Deseamos que el outsourcing no sea visto como actividad enemiga de la clase trabajadora, sino como un sector dinámico, generador de empleos e ingresos, siempre adecuadamente regulados por la ley”, expresa el documento.

Plantea que en materia de demandas laborales, para evitar los pleitos prolongados, se formalice la existencia de funcionarios conciliadores, quienes tendrán la formación para hacer más eficientes los juicios. Pide que se eliminen fuerza mayor y caso fortuito como causales de terminación colectiva de las relaciones de trabajo, e incluye la figura de contingencia ambiental como causal de suspensión de actividades.

En la propuesta se recoge el reclamo patronal de poder establecer mecanismos que permitan a las empresas adaptarse a las circunstancias del mercado. Sugiere una flexibilización en temas como días de descanso, labores complementarias de los trabajadores y horarios, casos en los cuales se podrán adecuaciones, siempre y cuando se encuentren justificados.

En algunos puntos toca aspectos considerados en la reforma panista, como el referente a que se eliminen las pruebas de no embarazo y que los salarios se pueden pagar con tarjetas de débito.

También se introduce un concepto de productividad, su medición y reparto de beneficios, el cual no podrá basarse en formas de sobrexplotación o en la pérdida de derechos, sino sería uno de los contenidos obligatorios de los contratos colectivos, con importancia semejante a la que tienen los aspectos salariales.