Han ocurrido balaceras afuera de una escuela estadunidense y en una gran universidad privada. Los alcaldes de dos municipios conurbados han sido asesinados. Y una granada fue lanzada a los transeúntes sabatinos en una plaza, de los cuales 12 resultaron heridos. Todo esto ha ocurrido de agosto a la fecha, no en Kabul ni Bagdad, sino en Monterrey. El más reciente campo de batalla en una guerra multilateral entre los cárteles de la guerra y las autoridades mexicanas es una de las mayores ciudades industriales de Norteamérica, a dos horas de Texas en auto y hogar de algunas de las más importantes compañías del país.

El torbellino de violencia del narcotráfico que envuelve a México ha producido alarma exagerada, a veces xenófoba, en partes de Estados Unidos. La respuesta en México hasta hace poco ha sido la negación defensiva.

Las dos reacciones son erróneas. La violencia, en la que al menos 28 mil personas han perecido desde 2006, refleja un doble fracaso de política pública: décadas de negligencia de las instituciones de aplicación de la ley en México, y una atención fallida al consumo de drogas (y a las leyes sobre armas) en Estados Unidos. Estos errores han contribuido a crear los sindicatos criminales más poderosos del mundo. Se necesitan reformas en ambos países para dominarlos.

Empecemos por México. Durante buena parte de la hegemonía del PRI, hasta 2000, el objetivo de la policía era el control político más que la prevención y detección del crimen. Los cárteles de las drogas medraron. Los tres últimos presidentes mexicanos han intentado hacerles frente, pero han descubierto que carecen de herramientas para ello. Al tomar posesión del gobierno, en 2006, Felipe Calderón envió miles de soldados a las calles de las ciudades del norte para tratar de contener la ola criminal, pero apenas ahora, con dolorosa lentitud, comienzan a colocarse las piezas de una estrategia más amplia. La nueva Policía Federal crece, pero sigue siendo muy pequeña. Tarde ha entendido el gobierno que necesita aplicar políticas sociales más activas para que los jóvenes no vean en el narcotráfico su única opción para hacer carrera.

México tampoco ha recibido la ayuda apropiada de EU. Los cárteles han crecido gracias a las debilidades del gobierno, pero su poder deriva por completo de la proximidad con el mayor mercado mundial de drogas ilícitas. Gobiernos estadunidenses recientes por lo menos han pasado del tradicional señalamiento de culpas a una aceptación de la responsabilidad compartida, pero los resultados son escasos. La Iniciativa Mérida, programa antidrogas por mil 400 mdd, siguió la ruta fácil de calcar el Plan Colombia. Incluye un montón de helicópteros y equipo como los que Colombia necesitaba para combatir a las narcoguerrillas, cuando lo que México requiere en verdad es más apoyo con el adiestramiento a policías y el acopio de inteligencia.

México resultaría más beneficiado si EU renovara la veda a la venta de armas de asalto que venció en 2004. Por desgracia, no es probable que esto ocurra, a pesar de que de 2006 a la fecha las autoridades mexicanas han decomisado 55 mil de estas armas de guerra, cantidad suficiente para equipar muchos ejércitos de la OTAN… y la mayoría fueron adquiridas legalmente en armerías estadunidenses.

Potencial de la mariguana

Tan permisivo tratándose de armas letales, EU sigue firme en su prohibición de las drogas, pese a toda la evidencia de que esta política no disminuye el consumo y a la vez produce enormes ganancias al crimen organizado. Es positivo que California debata, con vistas al referendo del 2 de noviembre, si se debe legalizar la mariguana. The Economist votaría por la legalización, porque cree que la drogadicción, como el alcoholismo y el consumo de tabaco, es asunto de salud pública más que de derecho penal.

Si California votara por la legalización, México haría bien en imitarla (de todos modos el negocio de la mariguana se desfondaría). Los cárteles se quedarían aún con la cocaína y las metanfetaminas, más lucrativas, pero sería más fácil derrotarlos. Y hay que derrotarlos; en esto no debe haber confusión: la idea de volver a una negociación tácita que tolerara el crimen organizado, que algunos favorecen en México, es contraria al estado de derecho, y por tanto a la democracia y a una sociedad libre. Mientras más pronto México convierta su recién hallado sentido de urgencia en una labor policial y una estrategia de aplicación de la ley más efectivas, mejor.

Fuente: EIU

Traducción de texto: Jorge Anaya