Organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos del país y de Ciudad Juárez solicitaron la intervención de la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer para detener el genocidio contra los jóvenes y niños en Ciudad Juárez. Responsabilizaron al Estado de la política de muerte que prevalece en las ciudades de la frontera norte del país.

En conferencia de prensa, integrantes de Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Organización Popular Independiente Ciudad Juárez, Red por la Infancia de Juárez, Ririki Intervención Social, Frente Cívico Plural, Incide Social, entre otros, asentaron que con ello buscan salvaguardar el derecho a la vida.

Tras los recientes asesinatos en la colonia Horizontes del Sur, en Ciudad Juárez, los integrantes de las ONG insistieron en que las autoridades federales, estatales y municipales no se han comprometido con el principio de no repetición de los constantes asesinatos de los jóvenes e incluso menores de edad. “Estamos frente a juvenicidios que deben atenderse con una estrategia diferente a la actual. Ciudad Juárez se está vaciando de actividades sociales, públicas y de negocios por el terror en la población.”

Nashiely Ramírez, de Ririki Intervención Social, dijo que el gobernador César Duarte debe tender un vínculo con el gobierno federal para atender la catástrofe en Ciudad Juárez. No es posible que se sigan aplicando los mismos programas sociales que en otras entidades; urge un diálogo con la sociedad juarense para construir una estrategia integral basada en un trabajo colonia por colonia, barrio por barrio y no en programas pensados por funcionarios que sólo llegan a encerrarse en los hoteles. No se puede seguir actuando con muy buena fe y sin resultados.

En enlace vía Internet a Ciudad Juárez, Julián Contreras, del Frente Cívico Plural, asentó: La única forma de detener la barbarie es con la movilización y por eso este viernes habrá una caminata contra la violencia. La seguridad no es sólo imponer retenes policiacos, aumentar el número de uniformados, militarizar la zona, restringir horarios, sino garantizar la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Mientras, Clara Gabriela Meyra, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, apuntó: ¡Ya basta de esta situación absurda y abyecta!, donde mujeres, jóvenes, hombres y ahora niños son blanco de los asesinatos; esto parece más una lucha contra la sociedad que contra el narcotráfico. Hasta septiembre se habían registrado mil 200 menores de edad asesinados en Ciudad Juárez.

“Desde el Estado se está creando una violencia contra los jóvenes al llamarlos ninis (ni estudian ni trabajan), pero es el gobierno el que ha minado la política educativa y de empleo. Su política es no atender a la población”, dijo.

En la presentación del informe Perseverancia del testimonio, integrantes del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos hablaron de la falta de voluntad política del gobierno para atender la demanda de protección a los derechos humanos. La violencia en el país se está disparando porque el Ejecutivo y los operadores de justicia no toman acciones contundentes, dijo Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Adrián Ramírez, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, definió: “Estamos en un narcoestado policiaco-militar”.