Sergio Villarreal Barragán, El Grande, ha buscado que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) lo incluya en el programa de testigos protegidos con el fin de no ir a prisión. Sin embargo, la dependencia solamente le ha ofrecido una reducción de la sentencia que podría recibir por los delitos de los que se le acuse.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) revelaron que mientras El Grande ha insistido en su inclusión como testigo protegido, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha ofrecido ese beneficio y está negociando los términos de su testimonio con Édgar Valdés Villarreal, La Barbie.

Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, confirmó que Sergio Villarreal Barragán ha sido quien ha solicitado e insistido en ser testigo protegido, pero ello no es posible; él no tiene cabida en esa figura, y lo único que podría alcanzar es una reducción de la condena, tal y como lo establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Funcionarios de la SIEDO señalaron que un día después de haber sido puesto a disposición por parte de la Secretaría de Marina, El Grande comenzó con sus peticiones para ser testigo colaborador (como se llama a los que han delinquido, pero se arrepintieron de sus ilícitos y se entregaron voluntariamente a las autoridades). A más de 50 días de arraigo, las autoridades no lo han aceptado como tal, porque fue detenido y tiene diversas acusaciones en su contra que se están perfeccionando.

Villarreal Barragán fue capturado el 12 de septiembre por efectivos de la Secretaría de Marina en la unidad residencial Puerta de Hierro, en Puebla. Ese día pidió a sus captores que dejaran ir a su familia y él se entregaría sin oponer resistencia.

Entre los ofrecimientos que ha realizado El Grande a la SIEDO está la entrega de datos que lleven a la detención de los hermanos Héctor y Mario Alberto Beltrán Leyva, líderes de esa organización, a la cual sirvió durante más de cinco años.

En relación con La Barbie –detenido oficialmente el 30 de agosto en el municipio de Salazar, estado de México, quien lleva más de 50 días sujeto a arraigo–, fuentes del gobierno federal señalaron que él sí se ha convertido en un objetivo de las autoridades estadunidenses para formar parte de su programa de testigos protegidos, debido al conocimiento que tiene de diversos grupos criminales, por lo que no sería juzgado en México, sino enviado a esa nación, de donde es originario.

Por otra parte, en Cuernavaca, Morelos, el gobernador Marco Antonio Adame Castillo afirmó que continuará colaborando con las autoridades federales en el proceso de investigación que se sigue a Luis Ángel Cabeza de Vaca, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, con el fin de identificar a las responsabilidades que pueda haber en cada una de las personas implicadas, ya que el ex funionario está acusado de brindar protección a integrantes del cártel Beltrán Leyva.

El mandatario local agregó: en este sentido el gobierno de Morelos ratifica que ha venido colaborando, que colabora y que seguirá colaborando en toda acción dedicada al combate a la delincuencia en cada una de las manifestaciones.

Asimismo, informó que la PGR le solicitó informes de por qué ratificó a Cabeza de Vaca en su cargo cuando asumió la gubernatura, y que dichos documentos ya fueron entregados.

En tanto, el abogado de Luis Ángel Cabeza de Vaca, Guillermo Pasquel Hernández, aseguró que la PGR pretende a toda costa encarcelar de nuevo a su cliente hasta con declaraciones infundadas de Sergio Villarreal, El Grande.

Sin embargo, Ricardo Nájera Herrera, vocero de la PGR, afirmó que El Grande no ha rendido declaraciones ministeriales ni acusado de algún cargo al ex funcionario morelense.