El Senado de la República aprobó ayer en lo general reformas en materia de educación y salud para regular la venta de comida chatarra en las escuelas y combatir la obesidad infantil; sin embargo, quedó pendiente la discusión en lo particular, debido a que el debate se polarizó cuando los panistas acusaron a legisladores del PRI de que pretendían detener la reforma.

En respuesta, la fracción priísta avaló junto con PRD, PT y Convergencia, endurecer la legislación, a fin de que no nada más limite, como se proponía en el dictamen, sino que prohíba expresamente la venta y comercialización de alimentos y bebidas de alto contenido calórico y bajo nivel nutricional.

Molestos por las acusaciones del albiazul, los senadores de la bancada de Manlio Fabio Beltrones aprobaron cambios propuestos al dictamen por el petista Ricardo Monreal para prohibir toda publicidad de comida chatarra, aunque poco después dieron marcha atrás y los artículos 301 y 307 de la Ley General de Salud, votados en ese sentido, fueron rechazados y regresados a comisiones.

Las modificaciones ya se habían votado a favor, pero los legisladores del tricolor fueron alertados de que tal modificación lesiona los intereses de los medios electrónicos, principales beneficiaros de los anunciantes de refrescos, papas fritas y pastelillos, entre otros productos causantes del sobrepeso infantil.

La discusión se entrampó, ya que no podían volver a cambiar la redacción de lo ya votado; el senador Pablo Gómez, del partido del sol azteca, se opuso a ello, pero les dio la salida, al señalar que en todo caso tendrían que votar en contra todo el contenido de los artículos 301 y 307, y regresarlos luego a comisiones. Así lo hicieron priístas, panistas y verdes; Monreal ya había abandonado la sesión.

Las comisiones dictaminadoras se reunirán hoy por la mañana para afinar la redacción de los artículos mencionados, que inclusive contenían disposiciones contradictorias, ya que el 301 impedía hacer publicidad de comida chatarra en centros escolares y espacios deportivos, mientras el 307 la prohibía de manera generalizada.

Se espera para hoy una nueva redacción, que regresará al texto original del dictamen, con la finalidad de que la prohibición de publicitar alimentos y bebidas con bajo contenido nutricional y alto contenido en grasas, sales y azúcares solubles opere solamente en las escuelas.

El dictamen, elaborado en cinco comisiones, entre ellas la de Educación, que preside la senadora de Acción Nacional, María Teresa Ortuño, se prestó a controversia desde el jueves pasado, cuando fue sacado de la agenda por la mesa directiva, luego de detectar errores de procedimiento que permitirían a las poderosas empresas afectadas, ampararse.

Ortuño y otros senadores del PAN denunciaron ante el pleno que se pretendía parar la reforma, hablaron de sospechosismo y de conflicto de intereses. Asimismo, filtraron a algunos medios que se referían a la priísta Socorro García Quiroz, a quien acusaron de defender intereses de refresqueras.

Ayer, García Quiroz reprochó en tribuna a Ortuño las injurias y el falso debate, así como su desacuerdo con el dictamen, pero por su laxo contenido.

La legisladora recibió el respaldo de Monreal, quien destacó la campaña de linchamiento en su contra y de su bancada, ya que, en nombre de los priístas, Fernando Castro Trenti recriminó a Ortuño las acusaciones que con mucha ligereza e irresponsabilidad filtraron a la prensa y anunció que el PRI modificaría a fondo un dictamen maquillado, que sólo simula cambios para no hacer nada y seguir protegiendo intereses económicos.

Gurza explicó ante el pleno que se circunscribieron a limitar la venta de comida chatarra en las escuelas, porque la palabra prohibir podría dar pauta a que las empresas se ampararan.

Se votaron 10 cambios al dictamen, entre ellos al artículo 113 de la Ley de Salud, para establecer la prohibición expresa de vender y distribuir en centros escolares alimentos y bebidas que malnutren y producen sobrepeso en los menores.

A propuesta de Monreal se modificó el artículo cuarto bis de la Ley de Salud para que las disposiciones ahí contenidas sean de utilidad pública, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, así como para evitar que los productores de comida chatarra se puedan amparar.