Washington, 4 de noviembre. El ex presidente colombiano Álvaro Uribe fue citado a testificar el 22 de noviembre por una demanda contra la minera estadunidense Drummond, que opera en Colombia, a la que se acusa de presuntos nexos con paramilitares ultraderechistas.

Uribe acababa de dar una clase en la Universidad de Georgetown, donde estudiantes protestaban por su nominación de profesor distinguido, cuando le fue entregado el citatorio por enviados de grupos de derechos humanos y de la firma Conrad y Scherer, que representa a familiares de unos 500 colombianos asesinados por paramilitares que demandaron a la compañía.

Según la demanda presentada en 2005 en Birmingham, esa empresa pagó entre 1999 y 2007 cantidades significativas a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para escalar su guerra a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que afectó a pobladores de la región.

El citatorio a Uribe se deriva de su conocimiento directo en varios temas centrales en el caso, según la demanda. Se menciona el amplio apoyo del ejército para proteger las instalaciones mineras de Drummond en Colombia, y los esfuerzos de su gobierno para borrar toda evidencia sobre los nexos de la minera con las AUC.

En tanto, el presidente Juan Manuel Santos abogó por que se conozca la verdad de los hechos que rodearon el asalto del entonces grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril al Palacio de Justicia en 1985, al rendir homenaje a los magistrados que murieron en los hechos y solidarizarse con los familiares en la conmemoración de los 25 años de aquellos sucesos.

El presidente de la Suprema Corte, Jaime Arrubla, reiteró su apoyo a las reformas que necesita la justicia y saludó las señales que ha dado el nuevo gobierno al respaldar a la rama judicial.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Christian Salazar, dijo que esos hechos deben servir de ejemplo para que los colombianos busquen el diálogo y los derechos humanos para resolver los conflictos.

Mientras, el ex representante por Bolívar Lidio Arturo García asumirá como senador en sustitución de Piedad Córdoba, luego que el martes quedara en firme el acto administrativo que la retiró del Legislativo bajo cargos de nexos con las FARC, por orden del procurador general Alejandro Ordóñez.

Por último, la familia del abatido jefe militar de las FARC Víctor Julio Suárez (Mono Jojoy) rechazó sepultarlo en Bogotá, como ordenó la fiscalía. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que como parte de su misión humanitaria, neutral e independiente, empezó el proceso para la entrega del cadáver a sus familiares.