Después de un accidentado proceso legislativo, el Senado de la República aprobó ayer la reforma que prohíbe la venta y distribución de la llamada comida chatarra en las escuelas públicas y privadas del país, y se tamizó la prohibición de la publicidad de alimentos y bebidas con altos niveles de azúcares, sales y grasas en esos centros educativos.

Ayer se votaron los artículos reservados de cuatro leyes en relación con la educación alimentaria, el sobrepeso, la obesidad y la actividad física para la salud.

La legislación se aprobó en lo particular con 71 votos en favor, uno en contra y tres abstenciones, luego de una larga discusión en la que senadores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y algunos de Acción Nacional (PAN) trataron de endurecer sus ordenamientos, sin éxito.

Al final, el perredista Pablo Gómez; Ricardo Monreal, del PT, y el panista Guillermo Tamborrel coincidieron en afirmar que los grupos de poder económico y en particular las trasnacionales de la alimentación, vencieron al Senado, ya que no se estableció la prohibición de toda publicidad de comida basura, ni de su consumo en los planteles educativos del país.

Ante el pleno, Monreal deploró que un día antes, con el voto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN hubiera dado marcha atrás en las reformas a los artículos 301 y 307 de la Ley General de Salud, en los que se prohibía todo tipo de publicidad de la comida chatarra, uno de los factores, recalcó, que propician la obesidad infantil y sus secuelas de enfermedades.

Los cabilderos se movieron de manera impresionante, comentó en alusión a la voltereta en la votación, ya que poco después de sufragar en favor los cambios a los dos artículos, se echaron abajo y se regresaron a comisiones. Los intereses económicos volvieron a hincar al Senado, recalcó, e hizo notar que de haberse prohibido la publicidad, la industria de bebidas y alimentos chatarra se habría visto obligada a mejorar el nivel nutricional de sus productos.

En México, explicó el legislador, los niños están sometidos a 61 anuncios diarios en televisión, 22 mil impactos de comerciales al año, de los cuales 42 por ciento tiene que ver con comida chatarra. No estamos prohibiendo la publicidad en general, sólo la de alimentos que dañan a la salud.

El perredista Pablo Gómez dijo a su vez que hubo una especie de pánico entre los legisladores y se dio marcha atrás en la decisión de evitar la publicidad de alimentos basura, cuya promoción está prohibida en gran parte de los países del mundo.

Se leyó la redacción del artículo 301, que sólo prohíbe la publicidad de ese tipo de alimentos en los centros escolares. Monreal intentó todavía una redacción intermedia para el artículo 307, pero fue rechazada y quedó de la siguiente forma:

La publicidad no transmitirá mensajes que distorsionen los hábitos de la alimentación correcta e induzcan a conductas que propicien trastornos alimentarios.

Se establece en ese mismo artículo que la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir mensajes precautorios de la condición del producto y mensajes promotores de hábitos de vida saludable.

La otra discusión fuerte se dio en torno al artículo 86 de la Ley General de Educación, donde Monreal, Gómez y Tamborrel propusieron que se prohibiera no sólo la venta y distribución, sino el consumo de alimentos elaborados con bajo contenido nutrimental y alto contenido de azúcar y harinas refinadas, sales, edulcorantes calóricos y grasas vegetales, con altos niveles de calorías.

Si está prohibido el consumo de tabaco, por qué no lo va a estar el de esas porquerías, recalcó Pablo Gómez.

El panista Tamborrel dijo que dejar fuera la prohibición de consumir alimentos chatarra sólo llevará a que la tiendita que antes estaba dentro de la escuela se traslade fuera de la misma.

Otros panistas, como Luis Alberto Villarreal, se sumaron a la propuesta, pero fue rechazada.

Otras modificaciones a las leyes generales de Educación, Salud, a la Infraestructura Física Educativa y a la Ley Para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños, incluye la obligación de establecer bebederos de agua potable en todos los centros de educación básica y media, para disminuir el consumo de refrescos. Es una propuesta del senador perredista Tomás Torres.

Se incluyen sanciones hasta de 880 mil pesos a quienes incumplan con los nuevos ordenamientos.