La matanza de 72 migrantes en el rancho San Fernando, en Tamaulipas, no es un hecho aislado, sino una masacre más de las que ocurren en el país desde hace por lo menos cinco años, cometidas por el narcotráfico en complicidad con el Estado mexicano, lo cual demuestra el grado de responsabilidad que tiene éste como expulsor de mano de obra y violador sistemático de derechos humanos.

Tal fue una de las principales conclusiones a las que llegaron ayer los participantes de la primera jornada de trabajos del Tribunal de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, espacio que forma parte de las actividades del Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento.

Este foro pretende documentar algunos de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos a los que han sido sometidos sectores vulnerables –sobre todo los pueblos indígenas y los migrantes indocumentados– y juzgar simbólicamente a los responsables de dichos actos.

La audiencia número uno, dedicada a analizar las responsabilidades del Estado mexicano por patrones recurrentes de migración y desplazamiento forzados, contó con los testimonios de activistas de Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco, así como del asesinato cometido en territorio nacional contra el sindicalista estadunidense Santiago Rafael Cruz, en abril de 2007.

Con los mensajes de los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, de las diócesis de San Cristóbal, Chiapas, y Saltillo, Coahuila, respectivamente, dieron inicio las intervenciones de Alejandro Solalinde, Elvira Arellano y Baldemar Velázquez, entre otros activistas, quienes describieron desde varias perspectivas la situación de abandono e injusticia que enfrentan los migrantes en su paso por México.

Dos de las intervenciones más celebradas fueron las de América del Valle, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y Rodolfo Chávez Galindo, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop), con sus relatos sobre las agresiones que debieron enfrentar por su oposición a megaproyectos económicos.

Durante la audiencia vespertina, se estudiaron los elementos que permiten señalar al Estado mexicano como corresponsable del asesinato de los 72 migrantes de Rancho San Fernando, Tamaulipas.

Allí, delegadas de la Caravana de Madres Hondureñas que llegaron al país en busca de los migrantes centroamericanos desaparecidos, así como Pedro Pantoja, de la diócesis de Saltillo, y Camilo Pérez Bustillo, coordinador del tribunal, ofrecieron datos que comprueban la omisión y complicidad de las autoridades mexicanas en la matanza descubierta el pasado 24 de agosto.

El gobierno del país, enfatizó Pérez Bustillo, es imputable por el crimen de genocidio contra los migrantes indocumentados en tránsito, que debería ser juzgado por organismos internacionales, y que forma parte de un esquema de terror aplicado sistemáticamente.