Puebla, Pue. 5 de noviembre. En 14 meses (de marzo de 2009 a abril de 2010) la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició 17 averiguaciones previas contra mujeres que se practicaron abortos, una de ellas de sólo 12 años de edad. Cuatro fueron consignadas ante juzgados de defensa social de Puebla, denunciaron miembros de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

Natalí Hernández Arias, representante de esta organización no gubernamental, explicó que los datos citados son de la PGJE que se obtuvieron a través de una solicitud de acceso a la información.

Dijo que este viernes las activistas protestaron fuera de la representación del gobierno poblano en el Distrito Federal contra las reformas antiaborto que se han aprobado en 16 estados.

Allí denunciaron que en Puebla se vive un lamentable y evidente clima de persecución contra las mujeres.

Manifestaron su repudio y desaprobación hacia el gobierno encabezado por Mario Marín Torres, debido a que ha violentado los derechos y libertades de las mujeres poblanas.

Hernández Arias explicó que esta protesta forma parte de las actividades acordadas en el Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres –de diciembre de 2009– que firmaron 90 organizaciones feministas de los 16 estados que han modificado sus constituciones para penalizar el aborto.

Las activistas denunciaron que desde que el Congreso estatal aprobó la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte –marzo de 2009– las autoridades que dicen impartir justicia en Puebla, lejos de cumplir con su obligación, han acentuado la persecución y criminalización de las mujeres que deciden sobre su cuerpo.

Un ejemplo de esto –abundaron– es el caso de Alejandra Gómez Sánchez, de 21 años de edad, a quien la PGJE le inició un proceso penal por el delito de aborto y la detuvo, mientras el Ministerio Publico la hostigó.

De las 17 averiguaciones previas que se iniciaron en los 14 meses referidos, cinco se ejecutaron en Tehuacán, dos cada una en los municipios de Puebla, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros y Tepeaca, y una en Tehuitzingo, Huauchinango, Teziutlán y San Martín Texmelucan.

El rango de edad de las mujeres denunciadas ante la PGJE por interrumpir su embarazo oscila entre los 12 y los 37 años.

Las activistas señalaron que son preocupantes las decisiones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Puebla, pues denotan franca obediencia a los designios de las cúpulas eclesiásticas, en abierta violación del carácter laico del Estado mexicano.

Por ello, expresaron rechazo a las acciones que, fundadas en la moral de unos cuantos y carentes de sentido ético y legal, justifiquen la persecución y encarcelamiento de mujeres en la entidad.

Los integrantes de Ddser exigieron libertad inmediata a todas las mujeres encarceladas injustamente por abortar; acciones efectivas de educación sexual con bases científicas, sobre todo en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad y marginación, a fin de evitar embarazos no deseados y por ende la recurrencia al aborto.

Demandaron facilitar el acceso a métodos anticonceptivos a las mujeres poblanas y respecto al derecho que tienen a decidir de manera libre y voluntaria sobre su vida reproductiva y su maternidad.