La muerte del reportero Carlos Alberto Guajardo, del periódico Expreso, de Matamoros, ayer en medio de un tiroteo entre sicarios y efectivos de la Marina, demuestra que el gobierno mexicano ha sido incapaz de proteger no sólo a los comunicadores, sino también a los defensores de derechos humanos y a la población civil en general.

En lo anterior coincidieron activistas consultados, quienes lamentaron el fallecimiento de otro comunicador –más de 60 desde 2000, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos–, tan sólo dos días después de que las autoridades presentaron un mecanismo para su defensa.

Rocío Culebro, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, deploró que aumenten las cifras de asesinatos y agresiones contra periodistas, pues, al margen de quiénes sean los responsables de la muerte de Guajardo, es intolerable que no se respete a los encargados de informar a la sociedad.

No han sabido proteger a los periodistas; tampoco a los defensores de derechos humanos ni a los civiles, y menos a quienes han sido agredidos por policías o soldados, como el estudiante de Ciudad Juárez, baleado durante una manifestación pacífica el 29 de octubre pasado.

Por su parte, Gloria Ramírez, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, aseveró que este asesinato forma parte del drama que vive cotidianamente el gremio de los informadores, y pone en evidencia la debilidad del gobierno y la democracia en el país.