Jacqueline Peschard acudió a la Cámara de Diputados para exponer los requerimientos presupuestales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) para dar cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) aprobada por el Congreso. Necesita al menos 490 millones de pesos para el ejercicio 2011.

La comisionada presidenta del instituto se reunió con Sebastián Lerdo de Tejada (PRI), a quien expuso que la propuesta del Ejecutivo federal –271 millones de pesos– es notoriamente insuficiente, para responder a las exigencias de la nueva ley de datos personales en posesión de particulares. Para cumplir ésta se necesitan 220 millones de pesos adicionales. En suma el Ifai contempla que la Cámara modifique el proyecto del Ejecutivo e inyecte 490 millones de pesos al organismo autónomo.

Tras la reunión, Peschard advirtió, si el Ifai no recibe estos recursos no [podrá] cumplir con el mandato de ley de hacer efectivo el derecho a la protección de datos personales. De ese tamaño es la gravedad del asunto. Es un aumento que está contemplado en la propia ley federal de protección de datos personales, y en los artículos transitorios, por lo que estamos convencidos de que hay un compromiso de dotar al Ifai de los recursos necesarios.

Las consideraciones de Peschard destacan que Ifai ha sufrido una suerte de abandono gubernamental en materia de gasto. Tan sólo desde 2004 –cuando tuvo su primer ejercicio anual– el presupuesto del instituto ha registrado un crecimiento casi nulo.

Al considerar dicho año y a la fecha el gasto aprobado sólo creció uno por ciento a valor presente, y en contraste el volumen de recursos de revisión atendidos se incrementó 576 por ciento. El presupuesto asignado al IFAI para este año es de 256 millones de pesos. Los recursos proyectados por la Secretría de Hacienda para 2011 es, en términos reales, casi el mismo al de 2004.

Mientras el presupuesto del Ifai creció uno por ciento en seis años, el IFE se elevó casi 90 por ciento, al pasar de 5 mil 468 millones de pesos en 2004, a 10 mil 499 millones, adjudicados para 2011. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos casi duplicó su presupuesto, al pasar de 575 millones de pesos en 2003, a más de mil 101 millones para 2011. Además, el Instituto Nacional de las Mujeres fue beneficiado con incrementos sustantivos. De 231 millones (2003) pasó a más de 501 millones (2011).

De acuerdo con estudios del Legislativo, con el nombramiento del Ifai como autoridad protectora de datos se registra un ahorro superior a 40 por ciento, es decir, que si se hubiera creado un organismo protector de los datos, las necesidades económicas habrían superado los 320 millones de pesos en 2011.

La Organización para la Cooperación u el desarrollo Económico (OCDE) había recomendado desde hace 20 años a los países miembros que legislaran en protección de datos y privacidad. De los socios, sólo México y Turquía carecían de legislación. México la tiene desde julio pasado. El argumento de la OCDE es que el carecer de una ley sobre privacidad ahuyenta los capitales y, por tanto, desestimula la competitividad.