A pesar de que desde el fin de semana se confirmó la identidad de 18 de los 20 michoacanos secuestrados en Acapulco –y después asesinados e inhumados clandestinamente–, apenas ayer la Presidencia de la República emitió un comunicado en el cual transmite las condolencias de Felipe Calderón y menciona que la Procuraduría General de la República (PGR) ha ejercido ya la atracción del caso y trabajará en coordinación con sus similares de Michoacán y de Guerrero.

Al mismo tiempo, el arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, aseguró que “los constantes y cotidianos hechos de violencia, que incluyen ejecuciones y balaceras en las calles de nuestra ciudad, están incrementando los niveles de miedo en la población y tienden a inhibir las actividades sociales y comunitarias”.

Aseguró que en Acapulco estamos pasando por un momento crítico con esta escalada de violencia sin precedente y añadió que el miedo estacionado en las conciencias nos hace más vulnerables aún, pues no es más que un método de control social en manos de los criminales.

En el comunicado de la Presidencia también se ratificó el compromiso del Ejecutivo para esclarecer estas acciones y llevar ante la autoridad a los responsables de haberlas cometido.