Puerto Vallarta, Jal., 9 de noviembre. Autoridades wixáricas (huicholes) de Jalisco, Durango y Nayarit denunciaron que el gobierno federal otorgó 22 concesiones a la minera canadiense First Majestic Silver, que se apoderó de 6 mil 326 hectáreas en el desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí, entre ellas lugares que consideran sagrados, por lo que rechazaron el proyecto de explotación.

Julio Parra Parra, curandero del centro ceremonial de Kanpatehuala, municipio de Mezquitic, Jalisco, dijo que los manantiales sagrados donde recolectamos agua bendita se encuentran en las cuencas de las vetas de plata que serán explotadas y podrían secarse y quedar contaminadas con cianuro debido a la actividad minera.

El acuífero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, está sobrexplotado y su capacidad de recuperación es muy baja, advirtió.

Tanto Julio Parra como Custo Santiago, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, advirtieron que se causarán daños irreversibles a 16 centros de población de seis ejidos que se encuentran en la superficie concesionada.

Custo Santiago pidió al municipio de Real de Catorce no entregar permisos de construcción o uso de suelo, y exigió al gobierno federal estrategias para el desarrollo armónico de la zona.

Los pueblos wixárikas de San Sebastián, Teponahuaxtlán y San Andrés Cohamiata y de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, entre otros, sesionaron los días 3, 4 y 5 de septiembre, y con el aval del consejo de ancianos acordaron rechazar el proyecto minero.

También pidieron cancelar las 22 concesiones a la trasnacional e imponer una moratoria indefinida para que no se expidan permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.

Detallaron que la explotación minera pone en peligro las fuentes de agua de numerosas localidades del Bajío, entre ellas El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado y San Juan de Matanzas, donde viven aproximadamente 3 mil 500 personas.

Además, señalaron, el proyecto viola los derechos reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el programa de manejo del área natural protegida de Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento de la superficie, incluida en la concesión minera; también incumple la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Ambiental y de Consulta a Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, así como numerosas normas oficiales.

Advirtieron que harán uso de todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales y realizarán acciones de resistencia civil pacífica.