Puerto Vallarta, Jal., 9 de noviembre. ¿De qué país habló (Felipe) Calderón?, preguntó Edith Zavala, secretaria ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras –una red de apoyo a ciudadanos de ese país que han sufrido vejaciones a su paso por México–, apenas había terminado el largo discurso del Presidente.

Calderón enumeró medidas de apoyo a los migrantes, las acciones para detener a los responsables de la matanza de 72 trabajadores de Centro y Sudamérica en Tamaulipas, y aseguró que su gobierno respeta los derechos humanos.

La joven hondureña mostró enseguida su asombro: “Los que conocemos la realidad cotidiana de los migrantes a su paso por México sabemos que las cosas no son como las menciona (Calderón) en un discurso que resulta incluso bonito, pero fuera de la realidad. ¡En nuestra organización atendemos a paisanos destazados por Los Zetas; seguimos recibiendo de vuelta a mujeres violadas a quienes, sin más, las autoridades migratorias las echan a un bus de vuelta apenas amanece!

Los ataques han pasado de la extorsión o golpizas a secuestros, asesinatos y violaciones tumultuarias. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará el nivel de violencia y de impunidad?

Calderón habló de que toda política migratoria debe estar apegada a los derechos humanos, garantías que, dijo, están por encima de cualquier soberanía. Y, en el caso de los migrantes asesinados, aseveró que se ha actuado con firmeza y determinación. También aseguró que México tiene compromiso con la legalidad.

De ahí la sorpresa de Edith Zavala, procedente del país centroamericano que, de acuerdo con las estadísticas oficiales, tiene más ciudadanos deportados.

Enseguida el sacerdote Luis Ángel Nieto, quien desde hace 10 años atiende a migrantes, casi todos centroamericanos brutalmente agredidos, dijo respecto de las medidas gubernamentales que buscan contener las agresiones a indocumentados: Alguien miente aquí: o la realidad o el Presidente.

Apenas el primero de noviembre pasado, señaló en conferencia de prensa, en Oaxaca fueron secuestrados 20 centroamericanos y los casos son cada vez más graves (respecto de las formas de violencia). Creemos que (hay episodios que) alcanzan niveles de esclavitud y tráfico de órganos.

Además de los defensores de derechos humanos, especialistas e incluso representantes de organismos internacionales que participan en las Jornadas de la Sociedad Civil, del cuarto Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo, lamentaron que la respuesta del gobierno mexicano frente a casos graves como la masacre de los 72 latinoamericanos se quede sólo en una condena y no se precise qué harán para evitar que estos episodios se repitan.

Jorge Bustamante, relator de la Organización de las Naciones Unidas para la Migración, aseguró que es necesario pasar de las buenas intenciones, porque hasta ahora no sabemos qué hará el gobierno ante una cosa tan dramática que hará historia.

México, agregó, tiene qué hacer frente a su responsabilidad de Estado ante ése y otros hallazgos macabros. Por ello, comentó, este foro es un reclamo oficial al gobierno mexicano para que nos diga qué va a hacer.

Emilio Alvarez Icaza, presidente honorario de estas jornadas de la sociedad civil, advirtió que la masacre en mención debe ser un hasta aquí, respecto del nivel de impunidad y corrupción vinculados a los agravios en contra de migrantes.

En tanto, el sacerdote Luis Ángel Nieto, del albergue Nuestros Lazos de Sangre, y Heiman Vázquez, también ministro de culto, a cargo de Hogar Misericordia –ambos ubicados en Chiapas–, relataron que si bien en esa entidad ha disminuido el número de agravios (adjudicaron el avance al trabajo de la fiscalía estatal para atender delitos contra migrantes), es común que apenas pasando al área chiapaneca se recrudezcan los abusos contra los indocumentados. Por ejemplo, ocho de cada diez mujeres que reciben en sus albergues fueron abusadas sexualmente, mientras que otros son extorsionados por agentes migratorios o policías, sector al que adjudicaron la responsabilidad de 10 por ciento de los agravios.

Ambos se pronunciaron a favor de que la experiencia de la fiscalía chiapaneca se replique en todo el país, como alternativa para llevar a la cárcel a los agresores (aunque cabe señalar que en dos años de existencia la mayor parte de los detenidos por esta fiscalía están en proceso, es decir, son pocas las sentencias para estos delitos graves).

Mientras tanto, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, confió en que pronto haya en México una ley de migración.