Lago de Guadalupe, estado de México, 9 de noviembre. Aunque las diócesis cuentan con elementos de supervisión eclesiásticos y civiles para evitar la entrada de dinero del crimen organizado a las arcas parroquiales, existe una forma de corroborar si se burlaron los controles, aseguró Víctor René Rodríguez Gómez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

El también obispo auxiliar de Texcoco precisó que los donativos turbios siempre se notan; si vemos un pueblo pobre y de pronto aparece una construcción ostentosa, hay que investigar. Agregó que si lo que pretenden algunos delincuentes es sanear por esta vía los recursos o su conciencia, están equivocados, porque no conseguirán ni lo uno ni lo otro.

Tenemos la convicción de que el fin no justifica los medios, y esos casos, si se dieran, no purifican las conciencias ni el dinero; no podemos meter recursos sucios a un lugar dedicado a la alabanza y la gloria de Dios.

Tras señalar que las narcoaportaciones podrían ser casos aislados y muy precisos, indicó que es evidente también cuando el dinero es limpio. Tenemos muchas iglesias en construcción; prodríamos hablar de un ejemplo concreto, Chimalhuacán, donde se tiene en proceso de edificación 60 capillas, y el paso lento con que se avanza y la escasez de recursos con que se obtienen los materiales y se paga la mano de obra nos da claridad de que no es más que la pobreza del pueblo de Dios, que con sus pequeñas aportaciones hace posible esa obra. En la mayoría de las comunidades rurales sucede lo mismo.

El vocero de la CEM remarcó que si hay indicios de que en algún lugar entró dinero sucio, los obispos estamos abiertos a investigar, siempre que tengamos alguna pista o elemento, y colaboraremos totalmente con la autoridad civil para que se llegue a fondo en cualquier investigación.

Al preguntarle si el clero estaría dispuesto a demoler la iglesia erigida en la comunidad de El Tezontle, Hidalgo, presuntamente construida con recursos aportados por el líder de Los Zetas, Heriberto Lazcano, el obispo Rodríguez Gómez señaló que será la autoridad la que tendrá que dar su dictamen y definir qué se hace con esa incautación de bienes, como procede por ley.

A su vez, Ramón Castro, obispo de Campeche, remarcó que por principio moral y ético los sacerdotes no deben recibir narcolimosnas, y precisó que si hubiera un caso se trataría con lo que los derechos canónico y civil establecen. Apuntó que de haber alguna denuncia los obispos deben investigar el caso.

Por su parte, Rodríguez detalló que la mayor parte de las diócesis tienen un decreto de administración parroquial, por medio del cual el obispo supervisa la captación de recursos y su uso, y dijo que como asociaciones religiosas, las diócesis deben dar información a Hacienda en materia monetaria.